Crisis en la frontera: el primer examen de Biden

En marzo de 2020, la Administración de Donald Trump emitió una normativa sobre salud pública con motivo de la pandemia. Esta permitiría la expulsión de los migrantes que cruzaran la frontera sin documentación, y no se tendrían en cuenta sus demandas de protección y asilo. Era conocida como la ley 'Título 42'.

En su primer día como presidente, Joe Biden mantuvo el 'Título 42', pero no lo emplearía para expulsar a los niños procedentes de Centroamérica. Desde entonces, alentados por aquella promesa, miles de menores de edad procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras llegan a la frontera enviados por sus progenitores con la esperanza de que el Gobierno del nuevo presidente sea más benévolo que el anterior. México es un caso diferente porque una ley de 2008 prevé que solo se deberá acoger a los niños no acompañados de países contiguos, por lo que los niños mexicanos son deportados. Y México debe aceptarlos de vuelta.

La llamada Patrulla Fronteriza estadounidense detiene a una media de 600 niños no acompañados migrantes al día. Esta medida duplica la cifra de niños detenidos en 2019. Adam Isacson, investigador de la organización WOLA (Washington Office on Latin America) explica que el sistema no está diseñado para acoger a miles de menores, y por esta razón la red de albergues manejada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha colapsado. Los niños migrantes no acompañados son custodiados en las instalaciones de las Patrullas Fronterizas durante periodos prolongados, cuando la ley dice que ningún niño debe permanecer más de 72 horas en estos espacios.

Ante la primera crisis de su presidencia, la respuesta de Biden fue: «No decimos 'no vengáis'. Decimos 'no vengáis ahora'». Pero casi nadie hizo caso. Al contrario, se corrió la voz de que Estados Unidos abriría sus puertas. La policía de fronteras y los funcionarios se ven sobrepasados por una terrible realidad de pobreza y violencia en América Central y en México, una compleja e inadecuada regulación en Estados Unidos y la lucha política entre republicanos y demócratas.

Una política migratoria sostenible conlleva, ineludiblemente, atender a las causas que originan tal migración desde Centroamérica y México. La Administración Biden está poniendo en marcha un plan con 3.400 millones de euros para promocionar el desarrollo y el empleo en dicha región. A la vez, discute con los gobiernos un plan contra la corrupción que absorbería buena parte de estos recursos.

En el ámbito interno, la Administración Biden tiene el desafío de revisar su política de inmigración. Son dos las claves de dicha reforma. La primera, agilizar los procedimientos de asilo dado que en la actualidad se dilatan durante años y mientras tanto los migrantes permanecen en Estados Unidos.

En segundo lugar, la creación de vías legales de acceso, debidamente articuladas, contribuiría a rebajar el número de intentos de entradas 'irregulares' en la frontera. El hecho de que no se ofrezcan vías legales de acceso a territorio estadounidense no hace que los migrantes desaparezcan. Seguirán intentándolo, pero, en lugar de hacerlo de un modo ordenado y ajustado a derecho, pondrán en peligro sus vidas y la de los menores, y serán el caldo de cultivo para las mafias organizadas.

El presidente Biden está atrapado entre dos fuerzas. De un lado, la de su propio partido, que rechaza la detención de niños migrantes y aboga por registrarlos y acogerlos. De otro, la fuerza de los republicanos, que usarán la migración como arma para hacerse fuertes en las elecciones que tendrán lugar en 2022, en la mitad del mandato presidencial. La frontera sur pone al descubierto el dilema moral de la política migratoria. La respuesta es política y cultural.

Joana Abrisketa Uriarte es autora de 'Rescate en el mar y asilo en la Unión Europea', Aranzadi Thomson Reuters, 2020