Una continua violación del Derecho Internacional

El análisis sobre estas consultas de anexión debe retrotraerse al menos a 2014, cuando las autoridades prorrusas de Crimea, provincia ucraniana, ya celebraron un referéndum por el que se anexionó la península a Rusia. Curiosamente, también en aquella ocasión las fuentes oficiales de Moscú fijaron que la opción de la anexión alcanzó el 97%. De manera que la incorporación de Crimea a la Federación Rusa quedaba justificada así a través del referéndum.

Como respuesta a la anexión de Crimea, la Asamblea General de la ONU, con el apoyo de cien países, aprobó la Resolución 68/262 -llamada 'Integridad territorial de Ucrania'- en la que rechazaba el referéndum. A pesar de que cien países puedan parecer un número significativo, apenas alcanza la mitad de los Estados miembros de las Naciones Unidas, que son 193. La desunión de la comunidad internacional quedaba reflejada en los 93 restantes, no favorables a defender la integridad territorial de Ucrania, algunos porque votaron en contra (11), otros porque se abstuvieron (58) y otros porque se ausentaron durante la votación (24). Desde entonces, la comunidad internacional raramente se ha pronuncido sobre las consecuencias que la anexión de Crimea por parte de Rusia tendría en el futuro.

Las actuaciones de Rusia en territorio ucraniano constituyen una continua violación del Derecho Internacional. Primero, porque el ataque de Rusia viola la norma que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un Estado (artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas). Segundo, porque «el territorio de un Estado no será objeto de ocupación derivada del uso de la fuerza» y «no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza» (declaración 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de 24 de octubre de 1970). Y tercero, porque el IV Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe que la potencia ocupante realice cambios relacionados con la forma de gobierno y el orden constitucional en el territorio ocupado.

Todo referéndum debe sujetarse a determinadas normas tanto internacionales como internas del Estado afectado. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), cuya función es la supervisión de elecciones, ha puesto de relieve que estas consultas se celebraron sin la participación de observadores internacionales. En el ámbito del Consejo de Europa, en 2020, la Comisión de Venecia aprobó una revisión de su Código de Buenas Prácticas sobre Referendos. Entre ellas destaca que el sufragio debe ser universal, libre, igual y secreto, y debe sujetarse al orden constitucional de cada Estado, que determinará en qué casos se prevé la posibilidad de convocar referendos, así como su alcance, efectos y procedimiento.

En este caso, fue el Gobierno ruso el que organizó la consulta sin contar con la autorización del Ejecutivo ucraniano. Para Kiev, por cierto, los términos son otros. Desde su perspectiva, se trata de un «referéndum de secesión» de parte de su territorio, sobre el que dejaría de ejercer soberanía.

Si ahora el Gobierno ruso declarara oficialmente la anexión, alegaría que los ataques a los territorios incorporados son agresiones al territorio soberano ruso, y se consideraría legitimado para defenderlos, mediante el uso de armamento, incluso nuclear.

A la vista de todo lo anterior, era previsible que ni la Unión Europea ni EE UU reconocieran ningún tipo de legitimidad a los referendos. El Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, fue tajante: «Sea cual sea el resultado de estos referendos falsos e ilegales, estas regiones seguirán siendo legalmente parte de Ucrania». Han llamado la atención las palabras del embajador de China, tradicional aliado de Rusia, ante el Consejo de Seguridad de la ONU: «La soberanía y la integridad territorial deben ser respetadas». Para Pekín, esto es decir mucho. Y para Rusia, una llamada al orden o un toque de atención.