Lo de la política descolonizadora española no tiene nombre. Ha oscilado siempre entre lo pusilánime y lo ridículo, entre lo grotesco y lo indigno, entre la falsa virilidad y la realidad más timorata. Ahora sí, siempre enmascarado en delirios de grandeza histórica. Y por si ... no fueran suficientes las muestras que este sentido tenemos en nuestra historia, subimos un poco más el nivel de la incongruencia con la decisión del Gobierno de apoyar la postura de Marruecos en el 'eterno' conflicto del Sáhara Occidental. Referirse a la propuesta del reino alauí como «la más seria, realista y objetiva (…) para resolver el conflicto del Sáhara Occidental» sorprende y decepciona al contradecirse con el derecho y la legitimidad internacional y al desistir del papel histórico de España como antigua potencia colonizadora, renunciando a sus responsabilidades políticas y jurídicas con su antigua colonia y cediendo ante la política expansionista e intransigente marroquí y a sus continuos chantajes con el control de la inmigración en sus fronteras. Como potencia administradora del territorio saharaui a la espera de su descolonización debiera asumir sus compromisos y no dejarlos en manos del sátrapa y 'bon vivant' marroquí. Es hora de cerrar la herida asestada por su antepasado ante la impavidez y pasividad española en 1975.
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Para valorar dicho compromiso debemos rememorar parte de nuestra historia y recordar algunas pinceladas relativas a la misma. Recordemos que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se estaba consolidando en la España franquista un nacionalismo español en el que la política exterior del régimen y los restos del imperio colonial ocupaban un lugar preferente. Uno de los episodios más relevantes que avalan esta afirmación fue la denominada «guerra olvidada» de Ifni, cuyos primeros escarceos bélicos se iniciaron hace 65 años, el 23 de noviembre de 1957. La presencia española en Ifni data de la época de los Reyes Católicos, cuando Diego García de Herrera fundó el establecimiento de Santa Cruz de Mar Pequeña (1476) para que sirviera de base al tráfico de esclavos para las plantaciones de caña de azúcar de Canarias. Los españoles fueron expulsados por los bereberes de la zona en 1524, hasta que el territorio y su principal ciudad, Sidi Ifni, fueran cedidos a España por Marruecos el 26 de abril de 1860, mediante un Tratado de Paz y Amistad firmado en Tetuán. Nació así un protectorado que se extendió desde Cabo Blanco hasta Cabo Bojador y que, tiempo después, se dividió en dos distritos administrativos independientes, Río de Oro (sur) y Saguía el-Hamra (norte), que desaparecieron cuando ambos se unieron al crear la provincia del Sáhara español en 1958 (Sáhara español y Cabo Juby, con capital en la actual Tarfaya marroquí).
La independencia de Marruecos en 1956 dio paso a continuas reclamaciones territoriales basadas en los vínculos históricos y geográficos de dichos territorios con el país alauí. La primera de ellas se produjo en agosto de 1957 aduciendo que el tratado franco-español de 1912 había sido derogado. Aunque la guerra no fue nunca formalmente declarada ni finalizada, España y Marruecos firmaron el 1 de abril de 1958 los acuerdos de Angra de Cintra, por los que se cedía Cabo Juby (con capital en Villa Bens, actual Tarfaya) a Marruecos en junio de 1958, excluyéndose Sidi Ifni y el Sáhara español.
Durante los años siguientes, la presión internacional y las resoluciones de la ONU en pro de la descolonización favorecieron las negociaciones con Marruecos que dieron lugar, a comienzos de 1969, al acuerdo de devolución del territorio al reino alauí. La bandera española se arrió de Sidi Ifni el 4 de enero de 1969, y el 31 de julio la ciudad fue entregada a Marruecos. El control español sobre el Sáhara Occidental se mantuvo hasta que, de acuerdo con el Marruecos organizador de la Marcha Verde (Hasán II), se firmaron los Acuerdos de Madrid de 1975, por los que se cedía el territorio a este país y a Mauritania, obviando la declaración de independencia de los nacionalistas saharauis (Frente Polisario) y la proclamación de la nación de la República Árabe Saharaui Democrática.
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Normalizar las relaciones con Marruecos es esencial para nuestro país, pero no de esta manera, porque pronto tendremos en el punto de mira a Ceuta, Melilla e incluso las Islas Canarias. Tampoco servirá para controlar la inmigración porque un estado ventajista y escasamente democrático como el marroquí siempre utilizará esta y otras armas. Volver al Plan de 1991 sería un mal menor para revertir la ruptura del alto el fuego de noviembre de 2020. Pero, y sobretodo, España debe respetarse a sí misma, cumplir con su obligación moral y de justicia respecto al Sáhara Occidental y a sus legítimos representantes; ver un poquito más allá, contemplando el problemático Sahel como un remolino a la puerta de casa, y siendo consciente de que lo que pasa en el Sáhara no se queda en el Sáhara.
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