Cataluña: realismo objetivo y sensatez subjetiva

En mi opinión, no cabe duda jurídica alguna sobre que la autodeterminación no está contemplada en la Constitución. Es más, la proclamación explícita que hace su artículo 2 sobre «la indisoluble unidad de la nación española» hace inconstitucional toda norma que pueda conducir a su ruptura.

Ante esa situación podría pensarse en una reforma constitucional. Pero tampoco sería posible lograr las mayorías exigidas dada la necesaria concurrencia de importantes fuerzas políticas de ámbito estatal. Tampoco parece probable que el imprescindible referéndum a celebrar en España fuera a aprobar el derecho de autodeterminación de Cataluña. Además, en los acontecimientos habidos en Cataluña en 2017 ha quedado acreditado que el independentismo catalán no cuenta con el apoyo europeo e internacional.

Por otra parte, es ilusorio pensar en actuaciones de fuerza o de hechos consumados. El Tribunal Constitucional y la vía penal se han mostrado suficientes para superar dichos acontecimientos de 2017. Pero también está la actuación policial propia de la seguridad pública. Y, en último término, el artículo 8 de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de «defender la integridad territorial» de España, que no es un golpe de Estado, sino una actuación constitucional.

Por todo ello, no resulta descabellado deducir que el derecho de autodeterminación carece de posibilidades tanto jurídicas como fácticas. Se trata de una realidad objetiva cualquiera que sea la ideología que se tenga. Este es el tablero de juego. Fuera de ese tablero no hay juego.

Frente a esa realidad objetiva, se pueden mantener diversas posiciones subjetivas.

Si se pretende alcanzar algún acuerdo, lo primero que ha de existir por ambas partes es voluntad real de llegar a él. La primera demostración de esa voluntad de acuerdo es no proponer a la otra parte lo que ésta no pueda aceptar; el hacerlo pone de manifiesto la inexistencia de toda voluntad de entendimiento. De este modo, plantear la autodeterminación supone poner todo el esfuerzo en un objetivo imposible y persistir en ello equivale a dinamitar el propio proceso de diálogo.

Continuar por ese camino solo conduce a perpetuar los desencuentros institucionales y las tensiones sociales sin conseguir el objetivo deseado. Esa división no es útil para la sociedad catalana en su conjunto, por lo que considero que ésta no es la opción sensata.

La búsqueda de otra configuración jurídico-política de Cataluña diferente a la actual (rechazada ésta por el mundo independentista) solo puede realizarse (y es posible hacerlo) dentro del marco jurídico. Este comienza con la Constitución, que remite al Estatuto de Autonomía, instrumento que deriva de un proceso relativo específicamente a la comunidad autónoma (aquí la de Cataluña) tanto para elaborar uno nuevo como para reformar el vigente. Aunque sin olvidar el equilibrio territorial (que no es identidad) entre las diferentes comunidades autónomas. Esa búsqueda no debería ser monopolizada por el Gobierno estatal y el Govern catalán, dado que no representan a los respectivos arcos parlamentarios, sino que deberían participar también en algún momento todas las fuerzas políticas (con sentido de Estado) y hasta las entidades integrantes de la sociedad civil. Esto no supone premiar el incumplimiento jurídico de los independentistas y de los condenados por el 'procés', sino premiar la posibilidad de lograr una fórmula para una convivencia razonable.

No hay más opción posible en el ordenamiento jurídico vigente, dada la realidad objetiva de la inviabilidad jurídica y fáctica de la autodeterminación. Por eso, se debería explorar dicha vía estatutaria e intentar lograr un Estatuto de Autonomía con un contenido que cuente con un consenso social generalizado, independientemente de las mayorías legales exigidas para su aprobación o reforma. En mi opinión, ello produciría una importante cohesión social de Cataluña con eje en ese Estatuto (que no requiere de la renuncia de los independentistas a su propia ideología, ni su dilución en la sociedad, sino solo su lealtad respecto a dicho consenso general). Cohesión que es la base para la prosperidad social, política y económica de la sociedad catalana en su conjunto; o sea, para hacer país. Dada la indudable utilidad que ello representa para Cataluña, considero que es la opción sensata.