La actuación del juez Adolfo Carretero en el interrogatorio a Elisa Mouliaá como consecuencia de su denuncia contra Íñigo Errejón por una agresión sexual ha sido calificada como polémica, un término que sin duda se queda corto y tremendamente tamizado ante unas imágenes en las ... que vemos a una mujer acosada, presionada, cuestionada y revictimizada a causa de las preguntas realizadas por el magistrado, que producen mucha rabia contenida y asco colectivo. El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ha estado mirando hacia otro lado, incapaz de posicionarse porque, decía, «sería una intromisión en la labor jurisdiccional» hasta que ayer el Poder Judicial anunció la apertura de un posible expediente a Carretero.
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De alguna forma, el juez se ha sentido libre para actuar y preguntar lo que quisiera de forma insensible, intrusiva y devastadora, sin tener ni una pizca de empatía con una mujer que defiende haber sufrido una agresión sexual y que tiene derecho a decir lo que siente sin ser coaccionada. Cuestiona reiteradamente que lo que ella percibió, y sobre todo sintió, puede ser fruto de una confusión y de algún interés oculto que evidentemente Errejón parece que no tenía.
De otra manera, cómo puede ser que el juez sometiera a Mouliaá a un interrogatorio con preguntas tan prejuiciosas, intentando averiguar, por ejemplo, para qué se sacó su miembro viril el expolítico. Quizás eso se lo tendría que haber preguntado a Errejón. Claro que este lo negó y el juez no cuestionó ni por un momento esa afirmación, en vez de no querer escuchar a esta mujer que tiene ante todo el derecho a estar protegida durante toda su declaración. Preguntas como esa o querer saber cuánto tiempo le había chupado el expolítico las tetas (y otras lindezas) responden más a una suerte de película porno que a un juicio en el cual la única obligación del juez es valorar las pruebas sin cuestionar a la víctima.
No alcanzo a entender qué «interés» hay detrás de este tipo de cuestionamientos, porque aunque es verdad que la obligación de un juez es indagar sobre lo ocurrido, también debe ser el primero como representante de la Justicia en cumplir con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que explicita claramente en su articulado que «todas las políticas (...) pondrán los derechos de las víctimas en el centro de todas las medidas». Sin embargo, no tuvo piedad Carretero, y en su actuación lo único que ofreció fue una excelente constatación de cómo el patriarcado impregna hasta las trancas todo el sistema judicial. Y contra esto las leyes son necesarias, aunque no suficientes; así, la citada LOGILS incide enormemente en la necesidad de mejorar la formación de los agentes jurídicos, una asignatura pendiente en nuestro sistema judicial. Para muestra lo que acabamos de presenciar, que es solo un ejemplo de lo que más que frecuentemente ocurre en los juzgados.
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Mientras, seguimos escuchando cómo un enjuiciamiento continuo, más allá de las salas de juicio, se cierne sobre Elisa: mal aconsejada, está aireando el tema por los platós, está actuando como actriz que es, siguió en contacto con su agresor después de los hechos, está resentida. Y me imagino que si se hubiese ido a una discoteca a altas horas de la mañana como Errejón cinco días antes de la vista, la caterva machista se la come viva. Ya saben la perpetuidad de los prejuicios que también tienen género. Pocas opiniones al respecto, como constatar que apenas nadie ha hablado del colegueo que hubo entre el juez y el denunciado durante su interrogatorio, risitas de complicidad masculina incluidas.
Desgraciadamente todo esto tiene un nombre, violencia institucional, y nos afecta a todas en un alto nivel de gravedad cuyas consecuencias derivan, a la hora de denunciar, en el miedo a ser atendidas con indiferencia y a la falta de credidibilidad ante un juicio, una total pérdida de confianza en las instituciones y el pavor a revivir los hechos ocurridos ante toda la sociedad.
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No, no hay que ser valiente para denunciar: todas somos valientes, ya que sobrevivimos a una sociedad patriarcal que no respeta ni nuestros derechos ni nuestra dignidad, aunque es cierto que esto puede ser nefasto para las mujeres que están pensando en denunciar o ya lo han hecho y desde luego ningún aliciente para las que todavía no se lo han planteado. ¿Quién quiere pasar por semejante lapidación sin compasión alguna? La solución está en trabajar conscientemente para remover a pecho descubierto los cimientos patriarcales y, en este caso en concreto, regenerar el sistema judicial, como tener tolerancia cero con actuaciones como la del juez en este proceso judicial, dejar de impartir justicia con sesgo y discriminación de género. Hay que dejar de poner en tela de juicio las emociones, sentimientos y percepciones de las mujeres en todos los casos pero en estos, más si cabe. Para eso queda mucho por recorrer. Seamos conscientes.
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