El pacto educativo, ¿un acuerdo «de país»?

Es absolutamente desconcertante el marco en el que los firmantes del pacto quieren encajar el futuro de la educación. A nada que, por ejemplo, el mismo inspira las primeras decisiones del consejero señor Bildarratz se monta 'una de a kilo' hasta el punto que las ikastolas, que no se puede decir que no sean afectas al régimen, o los centros religiosos que trabajan en torno a Kristau Eskola acusan al Gobierno vasco de falta de transparencia y le exigen diálogo para afrontar el problema de la segregación.

No me quiero ni imaginar los problemas que estarán teniendo la Cojua (Comisión Jurídica Asesora de Euskadi) y el resto de entidades informantes jurídica, social y políticamente del futuro proyecto de ley de Educación para dar la luz verde a una regulación que, si alguien no lo remedia, va a ser más restrictiva en términos de libertades y derechos, y más lesiva para la convivencia en el sistema educativo que la actual realidad.

Y va a ser restrictiva en términos de libertades y derechos porque hay una voluntad implícita de efectuar movimientos de reducción y menos peso del protagonismo y la implantación de los centros concertados. Ello limitará la libertad de los padres de elegir centros para los hijos. Y se puede constatar cómo se va a reducir la libertad de elección de modelo lingüístico, aún más, si se consagra la desequilibrada pretensión de convertir el euskera en «eje vertebrador» del sistema educativo vasco. Y no digamos nada si, para complicar este nuevo escenario, se crean consejos educativos locales, al gusto de EH Bildu, para influir en el sistema de enseñanza en los municipios que los constituyan, disfrazando de participación lo que es puro y duro intervencionismo político nacionalista.

Este panorama espeluznante se ha visto criticado parcialmente por el propio Ararteko, como defensor de los derechos cívicos, cuando en su último informe correspondiente a 2022 manifiesta su «inquietud» por la matriculación en el modelo D del alumnado de «reciente incorporación al sistema educativo vasco». Podríamos incluir también a los que deberán matricularse en el modelo D, por falta de otra posibilidad, teniendo el castellano como lengua materna, aun habiendo nacido en el mismo Gran Bilbao. El paso a mejor vida de la enseñanza en castellano es el que se certifica en este acuerdo de bases.

Qué duda cabe de que estas circunstancias de cambio brusco son también lesivas para la convivencia en el sistema educativo vasco. Ikastolas, centros religiosos o cooperativas de enseñanza, de iniciativa privada y funcionando como centros concertados para la enseñanza, históricamente han coexistido de forma organizativa con los colegios públicos. Y lo han hecho favoreciendo esa libertad de elección de los padres y madres a la que me he referido antes. Ambas redes, la pública y la concertada, se reparten en Euskadi el alumnado en un 50% y eso es una convivencia real que se va a ver alterada por la apuesta decidida, anunciada por los firmantes del acuerdo de bases, por aumentar la expansión de la educación pública, lógicamente en detrimento de la concertada, y de su reconocida calidad e implantación en el país.

Esa convivencia educativa se verá también lesionada por la imposición y el intervencionismo ideológico de representantes municipales que querrán influir en la enseñanza a través de los consejos educativos locales y, por supuesto, en las claves del euskera como imposición sistemática a través de su nuevo encumbramiento a «eje vertebrador» de la educación vasca.

Un acuerdo real de país, como algunos presentaron las Bases sobre el futuro educativo de Euskadi acordadas hace un año, y que fue fruto de una cesión del Gobierno vasco a las tesis de EH Bildu, debe avanzar en derechos, libertades y convivencia. Este acuerdo no lo hará. Generará más problemas a alumnos, profesores y familias, y también al Ejecutivo, aunque ahora no lo quiera ver.

En definitiva, educación y euskera comprometidos en un proceso aún más radical de inmersión ideológica. Y si la ley no altera esos vectores, se certificará tanto en el desmantelamiento de la convivencia del sistema de centros, en el 'acelerón nacionalista' en las claves lingüísticas, así como en el intervencionismo político. Estas bases no son un acuerdo de país, y nos tememos que muchos ciudadanos van a sufrir.