La Justicia 'maltrata' a ciudadanos y profesionales

Nadie discute el legítimo derecho de los diferentes colectivos para defender sus intereses, ni la legitimidad plena del uso del derecho de huelga. Ahora bien, tampoco nadie puede discutir el gravísimo perjuicio que esa situación está generando a la ciudadanía, y a la Abogacía y a la Procura, así como a otros profesionales que trabajamos en el entorno de la Justicia.

La Abogacía y la Procura de Bizkaia reivindican el valor esencial y fundamental que los integrantes de ambas profesiones desarrollan en el debido y correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. El contacto real de la ciudadanía con su funcionamiento es a través de las/os abogadas/os y procuradoras/es. Somos el primer eslabón que articula la efectividad del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, sin los cuales no existe Estado de Derecho. En este momento, queremos y debemos dejar clara esta realidad que, desgraciadamente, de forma habitual se olvida o se minusvalora de manera injustificada.

Resulta inadmisible y supone una falta de respeto a nuestra profesión y a quienes deben comparecer ante un órgano judicial, ya sea como parte, testigo o perito, que se informe de la suspensión de una actuación procesal o de una vista minutos antes de iniciarse, como consecuencia de la huelga. Dicha intencional actuación obliga a las partes a desplazarse hasta la sede judicial, con la consiguiente pérdida de tiempo o de verse sumido en gastos evitables.

Tampoco resulta de recibo que los profesionales (abogadas/os y procuradoras/es), por el mero hecho de intentar ejercer libremente su profesión, estén siendo tratados con desprecio y con actitudes impropias de un funcionario público. El derecho de huelga no es un derecho absoluto. Los profesionales intervinientes no somos responsables de la situación denunciada por los funcionarios, ni está en nuestras manos la concesión o no de sus reivindicaciones. Por ello, como operadores esenciales de la Administración de Justicia, exigimos se nos muestre el respeto que merecemos.

Se han vivido y se vivirán huelgas en muchos ámbitos de nuestra sociedad, y en todas y cada una de ellas el ciudadano conoce de antemano qué servicios se realizarán y cuales quedarán suspendidos. Sin embargo, en las últimas huelgas acaecidas en el ámbito de la Administración de Justicia no se produce esta situación, reinando la incertidumbre, el desconocimiento y el desconcierto, acudiendo cada día profesionales y ciudadanía a las sedes judiciales sin meridiana idea de si la suerte estará de su lado y su procedimiento será uno de los elegidos para dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva.

Son ya muchos meses en los que miles de ciudadanos, así como de profesionales de la Abogacía y de la Procura de Bizkaia se están viendo privados de ejercer sus derechos y su profesión, de la que viven ellas/os y sus familias; afrontando, en ocasiones, situaciones insostenibles. Viviendo con la incertidumbre de hasta cuándo se retrasará un procedimiento judicial y, consiguientemente en el caso de los profesionales, la realidad de cuándo se podrá hacer efectivo el cobro de sus honorarios. No es victimismo, es una realidad.

Por ello, nos sentimos plenamente legitimadas/os para, en el indudable marco del máximo respeto al legítimo derecho de huelga, exigir, tanto a las autoridades competentes como a los propios empleados públicos, que lleven a cabo las gestiones oportunas que eviten a los profesionales y a la ciudadanía mayores perjuicios de los ya de por sí inevitables, informando con la debida antelación de las suspensiones y, por supuesto, confiriendo un trato respetuoso y debido a los profesionales, al igual que estos lo ejercen con aquellos.

Urge un pacto de Estado que aborde un cambio profundo de organización y actitud de nuestra Administración de Justicia, que cuente con un compromiso político que permita construir y ofrecer un servicio público para la real protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.