España paga el error saharaui

La política de Pedro Sánchez sobre el Magreb ha sido errática, imprudente y ha dañado seriamente los intereses nacionales de España. No se puede recibir en secreto al líder del Frente Polisario para ofrecerle tratamiento médico, dejarte pillar por el espionaje marroquí y luego girar 180 grados para reconocer la anexión marroquí del Sáhara. Una cosa o la otra, pero no las dos. Da la impresión de que se ha reaccionado por miedo. Y eso basta para descalificar a un Gobierno.

De momento, ya no es posible realizar domiciliaciones bancarias desde un país al otro, y las exportaciones españolas llevan ya varias semanas bloqueadas de facto en las aduanas argelinas, mientras corre la voz entre los importadores del país norteafricano para que se vayan buscando otros proveedores porque de España ya no va a llegar nada. ¿Y qué recibimos a cambio? El sultán se complace en humillar a Sánchez desmintiendo lo que el Ejecutivo español anunció: que se vayan a reabrir las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla. Continúa así el lento estrangulamiento de ambas ciudades. Que tal asunto no haya quedado estipulado por escrito en un tratado oficial, como contrapartida por la cesión en el Sáhara, demuestra la incompetencia diplomática del Gobierno. Se mire como se mire, no tiene excusa.

Sobre todo, la deshonra de Sánchez es fingir que se toma en serio la idea de resolver el conflicto saharaui con una autonomía dentro de Marruecos, como si este país fuese una democracia igual que España, cuando es una monarquía absolutista y patrimonial -el reino es, básicamente, propiedad personal de la familia reinante-, de manera que una autonomía saharaui no sería como una autonomía española o un 'lander' alemán, sino una satrapía caciquil, donde algunos notables saharauis colaboracionistas gozarían de poder y prebendas en un esquema neofeudal a cambio de mantener sujetos a sus compatriotas, como la dinastía Kadírov en Chechenia.

En 1963, doce años antes de que comenzase el conflicto saharaui, el sultán de Marruecos Hasán II agredió a una Argelia recién independizada para intentar arrebatarle ciertos territorios. No lo consiguió, pero desde entonces ambos países han mantenido una guerra fría que dura ya casi 60 años. Durante ese tiempo, todos los gobiernos españoles bajo Franco y bajo la democracia han sabido mantener una política de equilibrio entre ambos bandos, para no vernos enredados en su conflicto. Con un solo gesto, Sánchez ha desbaratado esa política secular sin conseguir absolutamente nada a cambio y, además, en dirección contraria a la que realmente nos convendría.

Entre 1963 y 1991, las reclamaciones territoriales marroquíes contra España se equilibraban con la inclinación argelina hacia el bloque soviético, pero al desaparecer la URSS, ese factor se evaporó también, aunque desde entonces, un poco por inercia y un poco por ahorrarnos problemas, España ha mantenido esa política de neutralidad, cuando era evidente que Marruecos era nuestro enemigo y que nuestro interés geopolítico era inclinarnos por Argelia contra el adversario común. No se hizo así por diversas razones, incluyendo el temor a que tal cosa supondría muy probablemente el preludio de una guerra abierta en el Norte de África, y ningún Gobierno español deseaba eso. Ahora bien, que nadie se entregue a ejercicios de onanismo psico-ilógico-sado-maso proclamando que los españoles somos los más tontos del universo, porque es el mismo error cortoplacista que comete la OTAN con Turquía.

En resumen: Sánchez se ha mostrado chapucero, carente de visión de conjunto y capacidad estratégica. ¿Y qué alternativas va a tener realmente el sucesor de Sánchez, el que sea, y del partido que sea? Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Las opciones son dos:

-Entregar Ceuta y Melilla. Reasentar en la península a toda la población española de cualquier religión -unos 170.000- y queda zanjado el asunto porque los sultanes no nos reclaman ni las Canarias ni ningún otro territorio.

-Reconocer que el sultán de Marruecos es nuestro enemigo y que debe ser tratado como tal, lo que implica asumir considerables riesgos, gastos y molestias, para buscar la manera de forzarle a renunciar a sus reclamaciones territoriales contra cualquier otro país, incluido el nuestro, si es preciso por la fuerza.

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