Bilingüismo y Estado de Derecho

Ante esta política de implantación de un monolingüismo inconstitucional y de exclusión del castellano de la enseñanza, han reaccionado algunas familias -con un alto coste personal- y obtenido el respaldo de la Justicia en pronunciamientos que han sido sistemáticamente incumplidos. El Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto catalán de 2010 afirmó que «es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». Vehiculares quiere decir de uso habitual. Desde esta óptica, es indiferente que las leyes educativas prevean o no expresamente el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, puesto que dicha obligación emana directamente de la Constitución.

La ley de educación impulsada por el ministro Wert en 2013 recogió expresamente que el castellano es vehicular de la enseñanza. Posteriormente, la ley Celaá, para lograr el respaldo de los nacionalistas catalanes, suprimió la referencia. Conviene subrayar que jurídicamente el cambio fue irrelevante. La lengua castellana es vehicular por imperativo constitucional como reconocen el Supremo y el Constitucional, con independencia de su explícito reconocimiento legal. Ahora bien, en las últimas tres décadas ese mandato constitucional ha sido sistemáticamente incumplido: la utilización del castellano en las aulas de Cataluña ha sido residual.

En este contexto y ante el reiterado incumplimiento de la sentencia del Constitucional de 2010, en diciembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Asumió así una función en cierto modo legislativa que le es impropia, pero justificada por la necesidad de garantizar los derechos de los padres que quieren que sus hijos sean educados en ambas lenguas. Derechos que no garantizaban de forma efectiva ni el legislador central ni el autonómico.

La Generalitat interpuso un recurso de casación ante el Supremo contra esa resolución y el Alto Tribunal lo inadmitió el mes pasado. La sentencia es, por tanto, firme y debe ser cumplida en todos sus términos. La decisión del Supremo de ratificarla y confirmarla ha desencadenado una campaña de acoso contra la familia del menor cuya denuncia puso en marcha el proceso. Lamentablemente, hay muchos precedentes de esas conductas de persecución y señalamiento de quienes reclaman algo tan básico como que se cumpla la ley y que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna. Comportamientos supremacistas y antidemocráticos que recuerdan al Ku Kux Klan que acosaba a niños afroamericanos y a sus familias que se oponían a la segregación escolar.

El incumplimiento de las sentencias de los tribunales y estas conductas de acoso y persecución que sufren muchas familias catalanas ponen de manifiesto que la vigencia del Estado de Derecho en Cataluña dista mucho de estar asegurada. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución a favor de incumplir la sentencia. En la misma línea, la consejería catalana de Educación ha advertido que no va a revisar el modelo vigente aunque sea manifiestamente inconstitucional.

En este contexto lo más grave y preocupante es la falta de respuesta del Gobierno central. La ministra de Educación de España ha llegado a decir que el Gobierno no tiene competencias sobre la materia (sic). El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional y de velar por el cumplimiento de la ley y de las sentencias. La Abogacía del Estado puede y debe solicitar la ejecución forzosa del fallo judicial. El Ministerio Fiscal puede y debe instar actuaciones contra los supremacistas que acosan y atentan contra la integridad moral de quienes se oponen al monolingüismo.

Sin embargo, cabe prever que, para no incomodar a ERC -partido del que depende la continuidad del Gobierno de Sánchez-, la rebeldía catalana no tenga respuesta. Esto pone de manifiesto el alto e inaceptable precio del respaldo de los separatistas a Sánchez. Una cosa es crear fondos millonarios para el doblaje de series en catalán -prioridad presupuestaria muy discutible- y otra violentar principios básicos del Estado de Derecho y de la democracia. Esto último es una indecencia.