Bambalinas y fuerzas geopolíticas

Lejos de acercar a EE UU y China, las cumbres del G-20 y la escocesa del clima (COP26) acentúan las divergencias entre las dos principales economías mundiales. Cierto que dada su política 'cero covid', Xi Jinping tenía difícil venir a Europa. Pero su ausencia no se explica por razones sanitarias. Envió un vídeo a los dirigentes del G-20; después, una simple carta a la COP26, en donde enfatizó la falta de compromiso de los países avanzados en sus ayudas a las naciones pobres. Los países del G-7 se habían comprometido en 2009 a aportar 100.000 millones de dólares (71.000 millones de euros en la época) por año desde esa fecha hasta 2020 para apoyar a los países en desarrollo ante el calentamiento climático. Este compromiso no se ha cumplido.

Mientras Biden se preguntaba por el valor añadido invertido por Pekín en estos foros, la propaganda china no dejaba de ridiculizar al estadounidense. «¿Cómo pueden Biden y su Administración 'dirigir' la acción internacional sobre el clima cuando ni siquiera son capaces de dirigir su propio país?», subrayaba el 'Global Times', en referencia a las dificultades del demócrata para aprobar sus planes de relanzamiento de la economía en el Congreso. Pekín se implica en disminuir sus emisiones de gas carbono «antes de 2030», pero hay condiciones.

En sus intervenciones, Xi Jinping lanza una segunda idea: los esfuerzos en la detención del calentamiento del planeta deben acompañarse de inversiones en innovación y tecnologías cuyos intercambios el G-20 debe favorecer. Velada referencia a las barreras a las exportaciones tecnológicas que Washington intenta levantar frente a China. Pekín quiere vincular las negociaciones sobre el clima a la regulación de otros contenciosos con EE UU. John Kerry, el enviado de Biden para el medio ambiente, informó sobre ello durante su desplazamiento por China en septiembre. Kerry no solo no pudo entrevistarse con sus interlocutores más que por vídeo -contrariamente a los jefes talibanes recibidos en Tianjin-, sino que, frente al estadounidense, el ministro de Asuntos Extranjeros, Wang Yi, se mostró intratable. La lucha contra el calentamiento «no puede abordarse por separado» de otras cuestiones geopolíticas, le dijo contundente.

El razonamiento lo repitió Wang Webin, portavoz del Ministerio de Exteriores: «No pueden ustedes pedir a China que suspenda su producción de carbón y, al tiempo, sancionar a sus empresas fotovoltaicas». La funcionaria omite que la industria fotovoltaica china está desarrollada en Xinjiang y es objeto de sanciones internacionales por las afrentas a los derechos humanos de que son víctimas los musulmanes iugures de esta provincia.

El 29 de octubre, también en Roma, la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) celebró su primera reunión. Golpeó fuerte. Las libertades ultrajadas en Hong Kong, analizadas por el líder estudiantil Nathan Law. El Tíbet ocupado, representado por el presidente de la administración central en el exilio, Penpa Tsering. La persecución de los musulmanes iugures, expuesta por la musicóloga Rahima Mahmut. Las amenazas contra la democrática Taiwán, denunciadas en videoconferencia por su ministro de Exteriores, Joseph Wu, levantaron ampollas en Pekín.

Esta red de doscientos diputados y senadores de todas las tendencias y numerosos países nació el 4 de junio de 2020, aniversario de la represión en Tiananmén. «La IPAC esclarece el peligro planteado por China. Nuestras sociedades tienen las manos atadas y nuestros gobiernos defienden sus intereses económicos. Toca a los parlamentos reaccionar», protestó Pavel Fischer, de la comisión de Exteriores del Senado checo. «China no puede ser tratada como una nación normal en el entorno del G-20 cuando practica a gran escala terribles violaciones de los derechos humanos», insistió el británico Duncan Smith a los jefes de Estado.

Xi Jinping cree que a un año del congreso del Partido Comunista, en las condiciones actuales, pierde más que gana si aparece junto al presidente norteamericano.