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En contra de la creencia al uso, la crisis de la democracia tiene poco que ver con problemas derivados de la dificultad para su definición. Su carácter de procedimiento para la adopción de las decisiones políticas que expresen la voluntad general, de acuerdo con la ... fórmula de Rousseau, no encierra contradicción alguna con la división de poderes, ni con el respeto estricto a los derechos humanos, que se convierten además en precondiciones para que la democracia no se vea reducida a la falsa 'democracia electoral', hoy vigente en países como Rusia, Argelia o Venezuela. Tampoco se han desvanecido los elementos definitorios de la vida democrática que subsisten desde la polis: la isonomía -la participación de los ciudadanos en la adopción de las decisiones- y la isegoría, la libertad de expresión que en el mundo contemporáneo se complementa con la exigencia de disponer de una información libre.
El diagnóstico del carácter democrático o no de un régimen político, de su plenitud o de su insuficiencia, tiene pues poco de ideológico en principio, aun cuando el discurso partidista lleve a la impresión contraria. No existe así dificultad alguna para apreciar que la democracia funciona hoy de forma regular en Euskadi, una vez superados los 'años de plomo' y guste o no la hegemonía nacionalista que ha resultado de los mismos. El balance es otro por lo que concierne al conjunto del Estado, tanto por el grado de crispación que domina el ambiente político como sobre todo por la deriva autocrática del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, asimismo detectable sin dificultad alguna por una serie de indicadores.
En primer término, por su voluntad inequívoca de someter a su decisionismo tanto la autonomía del Poder Judicial como el debate parlamentario, y por practicar una política de información que vulnera de modo sistemático el principio de isegoría, esto es, la exigencia de comunicación veraz por parte del Estado. La denuncia de toda crítica como «bulo» y el consiguiente propósito de restringir el derecho a la información para evitarlo no anuncian una mejora de la situación, dado el papel que desempeñan la satanización del adversario y el fomento del odio entre los mecanismos de legitimación del poder utilizados por Sánchez.
La prioridad otorgada por el presidente a su supervivencia en el poder es siempre citada como causa principal de esa deriva, caracterizada por una degradación paso a paso de la democracia, y una bipolarización insoportable en el clima político. Estamos ante un hombre dispuesto a efectuar todas las concesiones que resulten necesarias respecto del orden constitucional para seguir mandando. Lo mismo da que sea preciso absolver a los protagonistas de una secesión o dinamitar el principio de justicia económica en la distribución de cargas fiscales sobre las comunidades autónomas. Se paga la factura exigida por quien dispone de los votos necesarios y ya se arreglará luego todo, por lo menos en el plano jurídico gracias a la dependencia del Tribunal Constitucional.
Tampoco importa el grado de engaño a la opinión del país que sea preciso utilizar. Lo que pase luego con la UE parece no importar. Y ahora todo se desvía hacia la esfera personal, al ser cuestionadas las actividades económicas y la asombrosa carrera docente de Begoña Gómez. De rebote, el enfrentamiento del poder ejecutivo con la autonomía judicial regresa a primer plano.
No obstante, es preciso partir de la enorme dificultad que encierra alcanzar el equilibrio en nuestro sistema político, donde uno y otro gobierno de las dos principales fuerzas, trátese del PSOE o del PP, depende de unos partidos de nacionalidad cuyos objetivos políticos nada tienen que ver con el Estado español. En el caso catalán, porque la finalidad declarada, tanto de ERC como de Junts, es romperlo. En el vasco, asentados ya sobre un alto grado de satisfacción institucional, porque tanto PNV como Bildu apuntan a proseguir la total exclusión de España -sin renunciar al privilegio económico ni a la unidad de mercado- desde un 'estatus' donde toca al PSOE, por parte nacionalista, quedarse en convidado de piedra.
En ningún caso los intereses españoles prevalecerán sobre los de nacionalidad y, con o sin Pedro Sánchez, el partido estatal deberá adaptarse, como lo hicieron todos los gobiernos del PP o del PSOE antes que él, a una lógica de mercadeo poco compatible con los intereses generales del Estado. Claro que nunca como ahora franqueando la línea roja de una entrega sucesiva de fragmentos del orden constitucional (jerarquía de los idiomas, vulneración del principio de igualdad ante la ley con la ley de amnistía, soberanía fiscal de Cataluña o injusticia económica para las demás comunidades).
Así las cosas, el sueño de un Estado federal se aleja y a lo más que podemos aspirar por ahora, con Pedro Sánchez atenazado por el complejo de Esaú, es a conllevar el problema de la pluralidad constitutiva del Estado, evitando fracturas y falsas expectativas que las provoquen. Aunque la última marca ya un camino sin retorno.
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