La falacia de la caza legal del lobo

Un estudio llevado a cabo en Minnesota (EE UU), donde se legalizó la caza de lobos entre 2012 y 2014, proporciona evidencias de que la caza legal no reduce la mortalidad ilegal, sino que incrementa la mortalidad total del lobo. Antes de la legalización, la mortalidad de lobos era estable, con aproximadamente un 21,7% de los lobos muriendo cada año por causas naturales o humanas. Tras la introducción de la caza legal, la mortalidad se disparó al 43,4%, con una predominancia de causas humanas y un alarmante aumento de la caza furtiva (Oliynyk, R-T, 2023).

Este fenómeno tiene una explicación: la caza legal crea una cultura de mayor permisividad y normalización de la muerte de lobos, lo que incrementa el furtivismo. Lejos de disuadir a quienes practican la caza ilegal, la caza legal refuerza la percepción de que la vida del lobo es menos valiosa y su eliminación es tolerable, incluso fuera de los límites legales. El estudio también muestra que la caza furtiva no desaparece con la legalización, sino que se camufla dentro de las prácticas permitidas, dificultando el control y la persecución de quienes incumplen la ley.

Los resultados del estudio encuentran un paralelismo preocupante con la situación en Euskadi. La normalización de la caza del lobo bajo el amparo de la ley puede crear un caldo de cultivo para que aumente la persecución de esta especie fuera de los márgenes legales. La rebaja de la protección propuesta por ciertos políticos es, en realidad, un retroceso que podría alimentar una espiral de muerte no controlada.

En Euskadi no se permite una batida legal de lobos desde 2016, y en estos ocho años no ha habido un aumento en la población de estos animales. A pesar de la protección legal, el furtivismo sigue siendo la principal causa de mortalidad. Sabemos que, entre 1987 y 2005, se mataron al menos 63 lobos de forma ilegal (3,5 lobos/año). En ese mismo periodo, las diputaciones forales autorizaban batidas, lo que demuestra que la caza legal no actuaba como freno al furtivismo, sino que coexistía con él.

Este dato refuerza la conclusión de que permitir la caza legal no evita la persecución ilegal de los lobos. Al contrario, sugiere que cuando se permite la muerte del lobo dentro de un marco legal, se normaliza también fuera de él, como ocurrió durante las décadas en las que las batidas eran autorizadas por las instituciones vascas. La caza ilegal persistía incluso cuando el lobo no gozaba de la misma protección que tiene hoy.

Además, se ha documentado que la caza legal de lobos fragmenta las estructuras sociales de las manadas, lo que incrementa los conflictos con las actividades humanas, debido a que los ejemplares supervivientes pierden las dinámicas de caza y de defensa de su territorio. Estos lobos, sin el liderazgo adecuado, son más propensos a adentrarse en zonas con presencia humana y ganado, lo que puede justificar nuevas cacerías, perpetuando un ciclo de conflicto constante.

Si realmente queremos proteger tanto al lobo como los intereses de las personas que conviven con ellos, la solución no pasa por reducir su protección ni por legalizar su caza. Las políticas deben enfocarse en fortalecer las medidas de vigilancia, reforzar las sanciones contra el furtivismo y, sobre todo, promover soluciones no letales que fomenten la coexistencia. Es imperativo educar a la población sobre la importancia ecológica del lobo en nuestros ecosistemas y generar estrategias de prevención justas y eficaces para minimizar los daños al ganado.

La evidencia científica nos muestra que legalizar la muerte de lobos no elimina el furtivismo, sino que lo esconde bajo el velo de la ley. Si queremos un futuro en el que el lobo siga siendo una especie protegida en Euskadi y en España, debemos rechazar estas propuestas que amenazan con llevarnos a una era de mayor persecución y mayor conflicto. La verdadera solución pasa por la protección y la convivencia, no por la caza.