La reforma de los centros residenciales para mayores

En todo caso, aun admitiendo las buenas intenciones del nuevo decreto, mi condición de profesional de los servicios sociales me anima a reflexionar sobre determinadas cuestiones. En concreto, me refiero al incremento lineal del 15% en las ratios de algunas figuras de atención directa. Planteo esta reflexión en términos de duda razonable para analizar si el incremento es insuficiente -como defenderán algunos agentes sociales- o, por el contrario, es exagerado -como probablemente se intente explicar desde otras perspectivas-. Si el sector, esto es, su parte reguladora o pública y su parte ejecutora o de prestación del servicio (centros residenciales), no interpretan de igual manera los efectos del incremento de ratios, tal vez el método de cálculo no suscite el suficiente consenso y, en consecuencia, se produzcan fricciones entre dos partes condenadas a entenderse.

En 2017, Lares Euskadi, por citar a uno de los agentes del sector, presentó un extensísimo informe de alegaciones al borrador del Decreto 126/2019. Uno de los principales desacuerdos se refería al tratamiento de las ratios de personal. En concreto, la discusión se centró en la distribución y agrupación de los distintos niveles de dependencia y, lógicamente, al valor de las ratios y su despliegue por categoría profesional. El debate entre los beneficios y perjuicios obtenidos por pasar del decreto vigente a una norma que pretendía tomar el relevo no llegó a producir cambio alguno en el borrador de decreto. Administración y sector no alcanzaron un acuerdo porque no compartían una misma solución para un mismo problema.

Seis años después, observo que se pueden repetir ciertos mecanismos. En este último lustro, pandemia incluida y padecida, no parece que hayamos aprendido gran cosa. Si seguimos empeñados en no discriminar adecuadamente los perfiles de atención, corremos el riesgo de que las ratios no sean representativas (por ejemplo, cuando agrupamos grados 0 y I, por un lado, y grados II y III, por otro). Además, con una estrategia de agrupación intencionada, se rompe una regla fundamental: normalmente, a mayor dependencia (mayor grado), mayor necesidad de personal.

Si, a la par, seguimos insistiendo en fijar la ratio como una proporción entre personal y residente, cuando la jornada laboral cambia, cambian las horas disponibles de profesional. Así, en Araba, con una jornada anual 200 horas superior a las de Bizkaia y Gipuzkoa, se dispone de más horas de atención por efecto de dicha jornada, lo que constituye un agravio absolutamente inaceptable entre residentes de una misma comunidad autónoma.

El sector residencial sabe que las necesidades de atención -en especial, de auxiliares de geriatría- y, por tanto, de plantillas de personal están directamente correlacionadas con el perfil de dependencia. El perfil de dependencia, a su vez, refleja la intensidad de ayuda de tercera persona para la ejecución de las tareas implícitas en las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales (por ejemplo, vestido, desplazamiento, alimentación o aseo personal, entre otros).

En consecuencia, una forma de cálculo de ratio basada en la fórmula 'ratio actual=ratio anterior+x%' no se corresponde con un método analítico de estimación según perfiles de necesidades e intensidades de apoyo. Si, como al parecer podría ocurrir, prevalece una perspectiva continuista en la asignación de ratios, una vez más la ciencia infusa se impondría al método científico.

Sirva el presente artículo para solicitar al Gobierno vasco que establezca las ratios de futuro conforme a metodologías serias y rigurosas. La red en su conjunto no merece otro trato tras el daño reputacional sufrido durante la pandemia.

Confiemos en que la demanda sea atendida.