¿Un pacto de rentas en la función pública?

Hace un año ya se planteaba que los empleados públicos debían incluirse en ese pacto de rentas. Por eso sorprende que, ahora, cuando se encuentran solos los sindicatos y el Gobierno de Euskadi, ninguno de los dos haya puesto en debate la culminación de un acuerdo equivalente. Y, sin embargo, la idea tiene plena vigencia. Los trabajadores públicos no disputan rentas con la retribución al capital, pero, en el fondo, las suyas proceden de lo generado por el conjunto de la sociedad, que es la que soporta el coste de los servicios públicos y entre ellos las rentas de sus trabajadores. Por tanto, un pacto social de rentas tendría sentido.

Entre los ingredientes de ese pacto podría figurar la proporción acordada con la renta media y con las condiciones laborales de los trabajadores de los demás sectores. A este respecto, los empleados públicos mantienen en todo el Estado unos salarios medios superiores a los privados del entorno del 30%. Por lo que se refiere al tiempo de trabajo, los públicos trabajan una media de 35 horas frente a las 42 de los privados. Pero, por otra parte, la eventualidad del trabajador público es notablemente superior al del sector privado. Estos datos se repiten en el País Vasco.

Está también la evolución relacionada con la capacidad económica, es decir, con la competitividad de la economía y con la productividad del servicio público. La competitividad de una economía es la que determina el nivel de bienestar alcanzable en la sociedad. Esa capacidad de competir con otros puede simplificarse observando la productividad, un índice resultante de muchas causas.

Aparentemente la función pública no está sujeta a las reglas de productividad, ya que su 'producción' no se somete a la competencia del mercado: no hay un ayuntamiento B al que acudir si el ayuntamiento A no ofrece un buen servicio. Pero un mayor gasto en educación, investigación o sanidad públicas debe conseguir una mejor educación, mayor innovación o una mejor salud en la población. Lo contrario perjudicaría la competitividad del país al cargarlo de costes ineficientes y poner dificultades para que las generaciones futuras puedan mantener las mismas condiciones.

Por ejemplo, Euskadi es la comunidad que más gasta en sanidad y educación públicas por habitante del Estado. Pero también es una de las que tiene los mejores resultados tanto en sanidad como en educación, aun con algunos puntos claros de mejora.

Sin embargo, los escasos estudios sobre la productividad comparada del sector público de España con el de otros países no arrojan buenos resultados. Adicionalmente, hay muchas áreas de la función pública que no tienen o no publican datos de su eficiencia y productividad comparadas.

En cuanto a una gestión activa contra el absentismo, el de los trabajadores públicos supera ampliamente al de los de los sectores privados en todo el Estado y también en el PV. En Euskadi batimos récords históricos, destaca sobre los demás y se convierte en un problema muy grave. Justo cuando estamos hablando de reducir el tiempo de trabajo o de ampliar el teletrabajo.

El coste de la vida en el territorio vasco es aproximadamente un 8% superior al de la media del Estado. Este mayor coste se compensa con una mayor renta media de la población vasca, y particularmente la de sus funcionarios, cercana al 30%. Por lo que podría decirse que esto no es un problema.

Está por fin la gestión del tamaño de la función pública en relación con el del resto de la economía. Ni el Estado ni el País Vasco tienen un peso de trabajadores públicos superior al de otros países europeos de referencia, aunque lleva años aumentando. Esto no sería un problema si su aportación fuera conocida y favorable, es decir, si la opción pública consiguiera los objetivos deseados con menos gasto que las otras.

No es fácil cambiar el modelo de negociación por confrontación por un modelo de compromiso, no solo entre los interlocutores de turno, sino con el país. Pero prefiero pensar que intervendrán la sabiduría y sensatez necesarias para ir generando las condiciones para asentar un verdadero modelo propio de relación entre los agentes implicados. La sostenibilidad económica y social sería el resultado deseable.