El impuesto sobre el patrimonio en la reforma fiscal

En este contexto, el impuesto sobre el patrimonio aporta sus propias características. Es un impuesto que está desapareciendo. En Europa quedan pocos países que lo apliquen. En España llevaba la misma tendencia hasta que el nuevo tributo transitorio lanzado por el Gobierno central ha inutilizado las iniciativas de bonificación de algunas comunidades. Es difícil mantenerlo vigente en un territorio si los demás no lo hacen, igual que los impuestos de sucesiones y donaciones, con diferencias también apreciables según los territorios. Es inevitable sufrir la elusión de estos impuestos por parte de las personas que tendrían que pagarlos, sobre todo del 1% de la población que es propietaria del 24% de la riqueza acumulada en España. Esto lo saben muy bien los diferentes países y también las comunidades españolas, que reducen estos impuestos para atraer a esos ciudadanos y sus fortunas a su territorio. Suele decirse, por eso, que bajar impuestos aumenta la recaudación porque aumenta la riqueza, pero en muchos casos la riqueza simplemente se desplaza de unas comunidades, que pierden, a otras que ganan.

A pesar de lo anterior, merece la pena aclarar una cuestión relevante: si el impuesto sobre el patrimonio y el de Sucesiones deberían formar parte de las fuentes de financiación de ese Estado de Bienestar o no. Suele decirse como argumento contrario de primer orden que se trata de una penalización al ahorro o que duplica los impuestos, ya que se han pagado cuando se produjo la renta y se vuelve a pagar cuando se acumula por no haber sido gastada. Esto es así, pero también ocurre con la renta gastada, que tributa cuando se ingresa y tributa cuando se gasta. Solo que en este caso el impuesto resulta ser regresivo.

Para que el sistema fiscal en su conjunto sea progresivo la tributación progresiva sobre el patrimonio es un elemento esencial. No es fácil aumentar la progresividad del sistema fiscal vasco solo con el IRPF, que ya tiene en los últimos tramos tipos marginales próximos al 50% en sus tres territorios, en la parte alta entre los países europeos. En los años posteriores a la crisis de 2008 la riqueza acumulada por el 10% más rico de la población ha aumentado apreciablemente (se estima que en España es propietaria del 54% de la riqueza neta del país, destacando especialmente la situación y evolución del 1% más rico). La desigualdad en la distribución de la riqueza acumulada es notablemente superior a la de la renta anual.

La riqueza distribuida de forma muy desigual es un factor que incide negativamente en la cohesión social, que es un bien social de primer orden. Esa riqueza, que además es transmitida por sucesión o donación a personas que no la han generado, aumenta las desigualdades en la sociedad de una forma estructural, permanente. La igualdad de oportunidades, el 'ascensor' social, no se materializa si una parte de la sociedad acumula un patrimonio notable y el mérito de su nacimiento le ayuda a acceder a oportunidades que no tendrán los demás.

En estos momentos, diferentes países realizan propuestas para la fijación de un impuesto internacional para gravar la riqueza, de modo que sea más complicada la movilidad hacia territorios más 'baratos' fiscalmente y la reducción de rentas gravadas en favor del aumento del patrimonio no gravado. No es sencillo alcanzar un acuerdo de estas características. Pero con el impuesto de sociedades se ha conseguido. Tampoco sería un mal paso si la riqueza acumulada tributase en el lugar donde está situada, al menos en parte, no en el lugar donde resida su propietario. Parece que hay razones importantes para considerar que también el patrimonio puede contribuir con los impuestos a sus titulares a sostener la sociedad de la que obtiene mejor provecho que la mayoría y hacer realidad, en su conjunto, el deseo de progresividad fiscal.