Ni tótem ni tabú

Recordaba el lehendakari que el derecho a decidir para unos es un tótem y para otros un tabú. No le falta razón. Bajo dichos parámetros el diálogo resolutivo carece de sentido. El debate sobre el derecho a decidir en el marco de un proyecto de actualización del autogobierno requiere delimitar el contenido y alcance del citado derecho a fin de que su incorporación al ordenamiento sea viable.

Conviene empezar por precisar que el llamado derecho a decidir más que un título jurídico es, por ahora, una aspiración política sustentada en el principio democrático. También el TC en su sentencia 42/2014 incorporó al ámbito jurídico el derecho a decidir, con sustantividad propia, siendo plenamente constitucional como aspiración legítima, cuya materialización deberá respetar los cauces legales.

La primera delimitación es clara: el derecho a decidir no es el derecho de autodeterminación y sus fundamentos son totalmente distintos. Basta en este sentido leer el dictamen del TS de Canadá donde tras afirmar que a Quebec no le asiste el derecho a la autodeterminación, manifiesta, sin embargo, que los quebequeses sí tienen derecho a ser consultados para expresar su voluntad, aunque no a imponerla. Voluntad que los poderes centrales no podrán ignorar y deberán atenderla a través de la negociación.

Si se pretende incorporar al nuevo Estatuto la figura de Euskadi como una entidad con soberanía plena, capaz de decidir por sí mismo no solo el modelo de relación con el Estado sino también la secesión, es obvio que tal pretensión será un fracaso en términos de resultados. Si lo que se pretende es dejar constancia de la voluntad mayoritaria del Parlamento vasco y de abrir espacios para una estrategia de confrontación, es una propuesta legítima y congruente pero tendría que ser explicada con esa sinceridad.

Frente a esa alternativa, existe otra basada en una formulación del derecho a decidir, a mi juicio con encaje legal, basado en lo sustancial del dictamen sobre Quebec, consistente en recoger el derecho de los vascos a expresar su voluntad sobre su futuro político, también a través de referéndum pactados y a que dicha voluntad sea atendida por las instituciones del Estado de forma negociada. Podría aproximar posiciones.