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Tasa Tobin: ¿Qué tasa Tobin?
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Se trata a toda costa de penalizar al sector bancario y obtener 850 millones de recaudación aprovechando la baja reputación del sector y su injusta demonizaciónDías atrás, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha aprobado dos nuevos impuestos. Los dos deben someterse a tramitación parlamentaria para que se ... conviertan en ley, por lo que su operatividad recaudatoria en 2020 es improbable. Nos limitaremos a comentar tan solo uno de ellos, el denominado 'tasa Tobin'.
Lo más sobresaliente en el plano formal es que la tasa Tobin ni es tasa ni puede atribuirse a James Tobin.
No es tasa, dado que no representa una contraprestación directa de un servicio público. Por otra parte, si el nobel de economía en 1981 James Tobin levantara cabeza, estaría reñido con la iniciativa que se le atribuye. El verdadero proyecto del profesor de Harvard surgido en 1972 consistía en gravar fuertemente los movimientos especulativos en divisas y frenar de esta manera la volatilidad de los tipos de cambio, aparecida tras el final de la convertibilidad del dólar en oro, decretado por Nixon aquel mismo año. Veinte años más tarde apareció bajo el nombre de tasa Tobin otra propuesta de los movimientos antiglobalización que ampliaba la base imponible del gravamen a todas las transacciones financieras con el nuevo objetivo de aplicar las ingentes cuotas tributarias globales a paliar la pobreza del mundo. Tobin se desmarcó de esta iniciativa señalando que «abusaban de su nombre» tergiversando su pensamiento original.
Desde 2013, diez estados de la Unión Europea entre los que se encuentra España han trabajado sin éxito por buscar la aplicación restringida de un impuesto a las transacciones financieras que ha registrado algunas implantaciones individuales como ha sido el caso de Italia y de Francia, con discutibles resultados. En ambos ejemplos se ha tratado de un planteamiento sin ideología, en el que no se ha buscado ni la lucha contra la especulación ni la financiación del desarrollo. En resumen, un propósito meramente recaudatorio.
El impuesto que ahora se abre a debate parlamentario en Madrid grava con un tipo del 0,2% la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas que tengan una capitalización superior a 1.000 millones de euros y será liquidado por el intermediario financiero con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, pretendiendo minimizar así el riesgo de deslocalización. También se someten a gravamen los certificados de depósito representativos de las acciones anteriormente citadas. El impuesto se aplicará a las compraventas de las empresas de mayor capitalización del mercado continuo español, de las que diez están domiciliadas en Euskadi.
El impuesto que comentamos revela algunas malformaciones ya antes de su nacimiento. Como aquella en la que define que el contribuyente del impuesto es el adquirente de los valores, no obstante lo cual el sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmite o ejecuta la orden de adquisición.
Una dislexia normativa que se erige en una sorprendente excepción cuando en la inmensa mayoría de las figuras fiscales ambos, contribuyente y sujeto pasivo, son la misma cosa. Porque se trata a toda costa de penalizar al sector bancario y obtener 850 millones de recaudación, aprovechando la baja reputación del sector y su injusta demonización ignorando las calamidades por las que en la hora presente está obligado a discurrir, con un tipo excepcional de sociedades del 30%, la prohibición de deducirse el IVA soportado, y las contribuciones anuales al Fondo de Garantía de depósito que no dejan de ser otro impuesto adicional. Como puede comprenderse 850 millones que se volcarán en el quebrado saco de las pensiones apenas serán alivio para el monumental déficit anual de 18.000 millones de euros que padecen. Un sinnúmero de estudios adelanta que irremediablemente el impuesto se repetirá de una u otra manera en el ahorrador-inversor, al menos de forma parcial. La figura impositiva ofrece más fisuras debido a la búsqueda alternativa de inversiones en otros activos financieros, a la reducción de la liquidez del mercado, la mayor volatilidad, el incremento de los costes transaccionales y el encarecimiento de la gestión del riesgo. Podría incluso impugnarse la legalidad del tributo, según mantienen reputados fiscalistas.
Surgen en consecuencia serias dudas de que la nueva figura impositiva sea congruente con la carrera iniciada por la ministra de Hacienda, al afirmar que España «no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el siglo pasado».
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