Tarde y mal

El relevo de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ante la avalancha de serios indicios de 'enchufismo' en la última OPE constituye la primera asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno vasco en un escándalo en el que su actuación dista mucho de ser ejemplar. No solo se ha resistido durante meses a aceptar la existencia de graves irregularidades que apuntaban a una filtración selectiva de exámenes, sino que, una vez confirmadas, ha intentado desviar la atención y echar balones fuera hasta donde ha podido en un intento de salvar la cara tan esforzado como inútil. La anulación de cinco ejercicios por las abrumadores sospechas de fraude y el envío a la Fiscalía de material sobre ocho especialidades médicas para que determine la eventual comisión de delitos confirman desde hace tiempo lo que el Ejecutivo se ha negado hasta ahora a admitir: el descontrol en el proceso de selección de personal para la Sanidad pública, cuya limpieza está obligado a garantizar. Los profundos cambios en futuras oposiciones que el consejero Jon Darpón pretende someter a debate entre las fuerzas políticas son la mejor demostración de las grietas en el modelo actual y de la incapacidad de los gestores de Osakidetza para asegurar la igualdad de oportunidades de los participantes en la OPE más masiva en la historia de Euskadi. La insostenible situación de la directora general, encargada de organizar las pruebas bajo sospecha y cuya destitución exigían todos los partidos de la oposición, forzó ayer lo que fue presentado como una renuncia voluntaria. La medida resultaba inevitable ante la magnitud del escándalo, aunque haya sido adoptada a rastras de los acontecimientos y con un evidente retraso. El Gobierno vasco intentará que sirva de cortafuegos para evitar una crisis política de mayores dimensiones. Queda por ver si la dimisión de Múgica es suficiente para disuadir al PP de que fuerce la investigación parlamentaria que reclaman EH Bildu y Elkarrekin Podemos a seis meses de las elecciones locales y europeas. Ello dependerá, probablemente, de que surjan o no a corto plazo nuevas pruebas de un fraude en el que el Ejecutivo se ha manejado con una torpeza manifiesta.