Sobre el peligro de no abrir las escuelas

La evidencia científica internacional indica, sin embargo, que los niños y niñas no son un grupo especialmente susceptible ni para el contagio ni para la transmisión de la Covid-19. El cierre de espacios escolares no se ha mostrado particularmente efectivo para reducir la incidencia de virus con moderada transmisibilidad, como es el caso, o cuando las tasas de incidencia de la población escolar son más bajas que las de la población adulta, tal y como también ocurre. Los países que reabrieron sus escuelas no vieron incrementar significativamente la transmisión comunitaria del virus. Un análisis realizado en el Reino Unido estimó que el cierre de los colegios tendría un impacto mínimo en la mortalidad por la pandemia en comparación con otras medidas.

Por tanto, la pregunta quizás debería ser cuál es el riesgo de no abrir las escuelas en lugar de preguntarnos, únicamente, por el riesgo de abrirlas. Mantener cerrados los centros educativos entrañaría daños severos que ya conocemos por estudios realizados durante la primera oleada sobre el bienestar emocional y la salud física de niños y niñas, así como de sus progenitores; especialmente, entre clases sociales desfavorecidas. La desigualdad en la brecha educativa, que apenas logra contrarrestar la propia escuela en circunstancias habituales, se ensanchará aún más, con repercusiones irreversibles sobre las condiciones de vida de varias generaciones.

Pero incluso aunque no nos preocupara el bienestar de niños y niñas, la no apertura de las escuelas tendría claras implicaciones económicas, que sí parecen ser la preocupación fundamental de los gobiernos durante la crisis. Más de 300.000 trabajadores/as en Euskadi con niños/as menores de 16 años difícilmente podrán compatibilizar su actividad laboral con los cuidados indispensables a sus hijos e hijas que no asistan a clases presenciales en sus respectivos centros. Un artículo publicado en 'The Lancet' con datos de Estados Unidos ha estimado que el absentismo laboral de trabajadores/as sanitarios/as derivado del cierre de los colegios podría implicar un aumento de la mortalidad por Covid-19 mayor que el descenso esperable por esa medida preventina cautelar.

No olvidemos tampoco las implicaciones sobre las desigualdades de género que ya está teniendo la epidemia, ya que el trasvase generalizado del trabajo de cuidados a los hogares está recayendo, una vez más, en las mujeres, lastrando una posición social ya estructuralmente desaventajada. Y debemos ser conscientes de que las familias tendrán que desarrollar estrategias para gestionar estos cuidados en aras a una precaria conciliación con otras esferas de la vida, utilizando arreglos informales que podrían crear más riesgos para la transmisión comunitaria del virus que los que pretende evitar el cierre de las escuelas.

Garantizar una apertura segura de las aulas es, por tanto, una cuestión sobre la que nos jugamos mucho. Por ello, comenzar por considerar la educación un servicio esencial es indispensable, al igual que, desde una óptica productivista, hemos considerado que ciertos sectores económicos debían serlo. En puertas del inicio de curso en septiembre, ya no pedimos a nuestros gobiernos que innoven para nota: basta con que copien lo que ha funcionado en otros países para un digno aprobado. Con contextos epidemiológicos adecuados, Dinamarca, Países Bajos, Australia o Corea del Sur han mostrado que la reducción de la ratio profesorado/alumnado, la utilización de espacios públicos como bibliotecas, centros cívicos o parques, y la adecuada ventilación de aulas, junto con las medidas de higiene ya habituales, pueden garantizan la salud de la comunidad escolar y, por ende, del conjunto social. No copiemos, en cambio, a países como Israel, que reabrió sus escuelas sin aumentar recursos y que vio cómo la incidencia del virus aumentó de forma acusada posteriormente.

Reduzcamos el nivel de sensacionalismo mediático y dramatismo político, y aumentemos la relevancia social que hemos otorgado hasta ahora a este asunto. No atribuyamos a la escuela la capacidad de generar riesgos añadidos ante esta pandemia, perdiendo de vista que será (o no) segura en tanto que lo sean (o no) el resto de espacios sociales. Sólo una acción política coherente en los diferentes sectores que consiga un contexto epidemiológico adecuado garantizará una gestión eficiente, situando en el centro aquellos servicios que consideremos esenciales desde la óptica del bien común. Evitemos que ésta sea reconocida en las próximas décadas como la generación de la Covid.