Por un sistema de protección justo, eficiente y efectivo

Euskadi se configura como una de las sociedades más solidarias de nuestro entorno. De hecho, el importante esfuerzo que realiza la sociedad vasca en sufragar estas ayudas se refleja en un dato revelador: representan el 40% de las rentas mínimas del conjunto de toda España, 491 millones de euros en los últimos presupuestos, entre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y Ayudas de Emergencia Social (AES). Esa solidaridad, que forma parte del ADN de la sociedad vasca, exige a las instituciones de Euskadi realizar una gestión adecuada de los recursos económicos, pero también asumir una necesaria corresponsabilidad por parte de los beneficiarios del sistema.

El impacto positivo de nuestro modelo de protección social se ha visto cuestionado, no obstante, tanto por las deficiencias en los mecanismos de control y gestión de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como por el fracaso en la creación de oportunidades laborales para los perceptores del sistema. Asimismo, los numerosos casos de irregularidades y conductas fraudulentas de personas a las que no les correspondería estar en el sistema, mientras otras se ven excluidas por superar mínimamente los límites patrimoniales establecidos, no han hecho sino mermar la credibilidad de un sistema del que los vascos deberíamos sentirnos orgullosos.

El PP del País Vasco lleva tiempo reclamando cambios en el sistema de protección, que se han materializado en propuestas concretas y que, en su mayoría, han sido desestimadas por los sucesivos gobiernos nacionalistas.

En la pasada legislatura el Ejecutivo de Iñigo Urkullu negó de forma reiterada la necesidad de realizar algún cambio en el sistema. Solo al final no le quedó más opción que rendirse ante clamorosos ejemplos de mala gestión de Lanbide, asumir el descontento social con un sistema que daba lugar a situaciones injustas en el cobro de las prestaciones, y reconocer tímidamente la necesidad de introducir cambios. Las dos modificaciones de la normativa vigente presentadas la pasada legislatura, -la ILP presentada por la Plataforma Ayudas más Justas, que reunió 40.000 firmas, y una proposición de ley presentada por el Grupo Popular-, cayeron en saco roto. Ambas fueron rechazadas, vetando el debate sobre una demanda social urgente.

En esta segunda legislatura del lehendakari Urkullu, los dos grandes retos pendientes son la reforma de Lanbide y la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Aunque el Gobierno vasco presentó en mayo de 2017 la base de la futura modificación, incumplió su compromiso de remitir el texto normativo con los informes preceptivos, y buscó sin éxito el atajo de tramitarlo como proposición de ley. El rechazo de todos los grupos de la oposición obligó a posponer la tramitación de esta normativa, presentada por PNV y PSE, a través de un texto farragoso e impreciso, que condiciona la regulación de muchos aspectos esenciales a futuros desarrollos reglamentarios.

Llega el momento de que el Gobierno vasco baje al terreno de juego, demuestre su cintura política y busque un espacio de consenso si quiere abordar una reforma integral de nuestro sistema de protección social. Desde el PP vasco estamos dispuestos a jugar esa partida, pero no rebajaremos los objetivos, ni aceptaremos medidas estéticas que no modifiquen elementos nucleares. Defenderemos un modelo donde se refuercen claramente los mecanismos de control e inspección, y cuyo objetivo principal sea la empleabilidad de las personas que perciben ayudas sociales, no solo en el plano teórico, sino en el práctico. Un modelo real y efectivo que contemple el diseño de itinerarios de inclusión personalizados con la obligatoriedad de realizar actuaciones específicas de formación y activación laboral sujetas a evaluación continua. Además, Lanbide adquirirá el compromiso concreto en cada caso de ofrecer alternativas laborales antes de que transcurra un tiempo determinado.

Es decir, un sistema que, por una parte, resuelva los numerosos problemas de gestión de Lanbide, como determinar la identidad de los perceptores, la residencia efectiva y el patrimonio, la detección de situaciones irregulares y de fraude o la recuperación de los cobros/pagos indebidos, entre otros. Por otra, el objetivo prioritario debe ser la incorporación de los perceptores al mercado laboral para evitar su cronificación y el riesgo de convertir el cobro de la prestación en una forma estable de vida.

En definitiva, es necesario un liderazgo claro que tenga una voluntad real de acometer los cambios necesarios para conformar un sistema de protección que sea justo, eficaz y eficiente; que no defraude las expectativas de una sociedad solidaria con aquellos que más lo necesitan, pero también exigente en la gestión de recursos públicos.