Sentenciado

La sentencia del Tribunal Supremo en la que rebaja levemente la pena impuesta por la Audiencia de Palma a Iñaki Urdangarin, a su socio Diego Torres y al expresidente de Baleares Jaume Matas, entre otros, sitúa al cuñado del Rey a las puertas de la ... cárcel. Urdangarin está en su derecho a recurrir al Constitucional; e, incluso, a solicitar un indulto y que su ingreso en prisión se retrase hasta que se pronuncien las instancias a las que decida acudir. Pero también debería valorar hasta qué punto tales decisiones pueden aumentar el daño que su conducta, ya juzgada y condenada, ha causado a las instituciones en general y a la Monarquía en particular. Aunque una eventual renuncia a dar esos pasos entrañe la asunción de la pena impuesta por el Supremo y el reconocimiento de culpa, representaría el mínimo servicio que podría hacer a un país profundamente indignado por su proceder. La sentencia conocida ayer atestigua que la ley hace iguales a todos los ciudadanos; especialmente, a los que la vulneran. Y echa por tierra el relato tras el que Urdangarin pareció acomodar su propia conciencia cuando expuso en el juicio que él se limitaba a realizar tareas profesionales. Los tipos penales por los que ha sido condenado a cinco años y diez meses de cárcel responden a una ejecutoria de utilización de su privilegiada posición como miembro de la familia del Rey para acceder ilícitamente al erario público y obtener recursos que, a su vez, eludía al fisco. Los ciudadanos han asistido a la retransmisión durante años de escandalosas revelaciones sobre las actividades de Urdangarin, sus socios y sus contactos en las instituciones. La sorpresa inicial dio paso a un disgusto creciente y generalizado. La desaprobación unánime de un comportamiento tan claramente corrupto y corruptor en una persona significada por haber matrimoniado con la infanta Cristina se fue convirtiendo en indignación al ver que era urdidor de una trama de sistemática malversación de fondos públicos. Indignación que respondía también a lo incomprensible que resultaba a los ciudadanos cómo una persona emparentada con el jefe del Estado no ofrecía tras su boda con la infanta -responsable civil a título lucrativo en la sentencia- otro currículum profesional que proyectos y negocios fraudulentos, recogidos en las sentencias de la Audiencia de Palma y del Supremo. Aun en el caso de que Urdangarin opte por dirigirse al Constitucional, es de esperar que no comprometa más al Estado solicitando al Gobierno que le indulte.