El reto de combatir la corrupción

La casuística de la corrupción ha sido tan prolija que permitiría la adopción de un sinfín de medidas de prevención y supervisión sin con ello ralentizar en exceso el funcionamiento de las administraciones. Empezando por realzar el papel institucional y reforzar los recursos humanos y materiales de la intervención financiera y el control de legalidad. En ese sentido, debería revisarse la gestación no siempre razonada de sociedades de titularidad pública pero de derecho privado, así como el nepotismo partidista al que dan lugar. Sería necesario atajar la multiplicación de los cargos de designación, impedir que invadan áreas de los funcionarios de carrera y, junto al seguimiento de los flujos monetarios, establecer mecanismos de alerta respecto al abuso en la segmentación de contratos, el tráfico de influencias y la concertación entre empresas ante las administraciones. Pero hay una vertiente de la cuestión que las formaciones representativas han de afrontar con urgencia aprestándose a analizar críticamente las liquidaciones presupuestarias, partida por partida, de todas las instituciones. Porque la corrupción está presente también en el despilfarro y la ineficiencia deliberada.