Las residencias, a examen

El cuidado y bienestar de los dependientes por razones de edad constituye un desafío de primera magnitud ante el paulatino envejecimiento de la población. Ni las instituciones ni la sociedad en su conjunto pueden desentenderse de la obligación moral de garantizarles unas dignas condiciones de vida, lo que conlleva articular un sistema eficaz y a la vez sostenible económicamente. El coronavirus ha demostrado las serias carencias del actual que afectan no solo a la dotación de recursos, sino a su propio diseño, que es preciso repensar. La desconexión entre las residencias y el sistema sanitario -básicamente, la atención primaria- parece fuera de lugar. Su configuración, incluida la elevada presencia del sector privado, y funcionamiento habrían de formar parte de un debate ineludible sobre la protección de la tercera edad, en el que nadie parece particularmente interesado, quizás por el alto coste que conlleva cualquier actuación en este ámbito.

Los poderes públicos no tienen motivo alguno para sentirse satisfechos de su proceder durante la crisis con estos centros, que han de garantizar una atención integral y continuada de calidad por parte de equipos con especialistas en múltiples ámbitos. Aunque en Euskadi la mortalidad en ellos ha sido inferior a la del resto de España, sus problemas de fondo son similares e idéntica la conveniencia de revisar el modelo sin más demoras.