Euskadi fue pionera, hace más de 30 años, en la implantación de una ayuda social dirigida a combatir la pobreza. La renta de garantía de ingresos (RGI) asegura unos recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables. Con el paso del ... tiempo no solo se ha consolidado como un puntal del sistema vasco de protección, que figura entre los más avanzados de la UE. Se ha convertido, además, en una referencia para la puesta en marcha de modelos similares, lo que equivale a un reconocimiento de su éxito pese a las imperfecciones que puedan existir en su gestión. El Gobierno central va a inspirarse en ella para la creación del «ingreso vital mínimo» previsto en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Una iniciativa cuya evidente necesidad resulta todavía más incuestionable ahora que la pandemia ha empezado a causar estragos en el empleo y amenaza con empujar a una situación límite a decenas de miles de ciudadanos sin recursos.
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La RGI, una decidida apuesta por la solidaridad, fue la primera iniciativa de este tipo en España y se mantiene como la más extendida -53.274 beneficiarios en abril- y la que representa un mayor coste para las arcas públicas: cerca de 500 millones anuales. El Ejecutivo central diseña un modelo menos generoso, previsiblemente con unos requisitos de acceso más exigentes y unas prestaciones más bajas, cuyos detalles se conocerán este mes. Tan esencial es que asegure un umbral de subsistencia a personas que malviven en serio riesgo de exclusión como su entronque con la formación y la inserción laboral. La prestación ha de guardar un delicado equilibrio entre servir de socorro temporal y no disuadir de la búsqueda activa de un empleo que garantice la estabilidad económica de sus perceptores.
La anterior crisis dejó como herencia no solo un aumento, sino una cronificación de la pobreza entre colectivos que quedaron al margen de la recuperación. La provocada por la pandemia ya ha agravado significativamente esa situación, ante la que las instituciones están obligadas a responder. La RGI lo ha hecho hasta ahora con eficacia, aunque necesita reformas. El ingreso mínimo debe representar un avance en el resto de España. Su implantación supondrá un alivio para la Administración vasca, que se ahorrará el dinero que la Seguridad Social destine a sus beneficiarios en Euskadi y completará la ayuda hasta los niveles fijados por la ley de la RGI.
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