La RGI como referencia

La RGI, una decidida apuesta por la solidaridad, fue la primera iniciativa de este tipo en España y se mantiene como la más extendida -53.274 beneficiarios en abril- y la que representa un mayor coste para las arcas públicas: cerca de 500 millones anuales. El Ejecutivo central diseña un modelo menos generoso, previsiblemente con unos requisitos de acceso más exigentes y unas prestaciones más bajas, cuyos detalles se conocerán este mes. Tan esencial es que asegure un umbral de subsistencia a personas que malviven en serio riesgo de exclusión como su entronque con la formación y la inserción laboral. La prestación ha de guardar un delicado equilibrio entre servir de socorro temporal y no disuadir de la búsqueda activa de un empleo que garantice la estabilidad económica de sus perceptores.

La anterior crisis dejó como herencia no solo un aumento, sino una cronificación de la pobreza entre colectivos que quedaron al margen de la recuperación. La provocada por la pandemia ya ha agravado significativamente esa situación, ante la que las instituciones están obligadas a responder. La RGI lo ha hecho hasta ahora con eficacia, aunque necesita reformas. El ingreso mínimo debe representar un avance en el resto de España. Su implantación supondrá un alivio para la Administración vasca, que se ahorrará el dinero que la Seguridad Social destine a sus beneficiarios en Euskadi y completará la ayuda hasta los niveles fijados por la ley de la RGI.