La reacción de Francisco ante la pederastia

Ya no es cuestión de crímenes, causas sistémicas ni de abuso de conciencia y poder. Menos aún de clericalismo. Todas ellas, nociones por las que la Iglesia, bajo la presión de los escándalos que le estallaban, ha preguntado e indagado estos tres últimos decenios. El Pontífice parece poner fin a la tolerancia que prevalecía hasta hoy. Ha introducido en el Derecho Canónico una obligación de denuncia de los casos de violencia sexual en menores o sobre personas vulnerables y la obligación de señalar cualquier maniobra de ocultamiento de tales sucesos. Estas reglas se implantarán del 1 de junio en todas las diócesis que, además, deberán dotarse de aquí a junio de 2020 de «dispositivos estables y fácilmente accesibles al público».

La convocatoria en Roma de 190 máximos responsables para un ejercicio inédito de introspección sobre las razones del silencio o del desprecio de numerosos prelados hacia las agresiones sexuales perpetradas por religiosos iniciaba el cambio en la protección de los menores. Francisco reconocía que ante la pedofilia la Iglesia está confrontada con una lacra global que, «desgraciadamente, existe por todas partes». No obstante, la falta de decisiones sobre medidas precisas levantó agudas críticas acerca del resultado de esta conferencia. Sus conclusiones fueron acogidas con consternación por las víctimas cuando en un reparto de responsabilidades el Papa incriminó a Satán queriendo ver en los abusos «una flagrante manifestación del mal».

A su vez, Benedicto XVI, quien tras su renuncia en 2013 muy raramente escribe sobre temas de actualidad, lo ha hecho esta primavera para referirse explícitamente a la pederastia. Joseph Ratzinger tiene el mérito de haber sido el primero en valorar la profundidad del fenómeno y, sobre todo, dispone del crédito de haber facilitado el castigo de los culpables. Ahora bien, en la tribuna firmada para la revista cristiana alemana 'Klerusblatt', difundida por las páginas web conservadoras, el Papa emérito propone un análisis de la crisis de los abusos sexuales infantiles y adolescentes verdaderamente regresivo: devuelve la causa de la pedocriminalidad a «la ausencia de Dios» y al cambio de la moral sexual surgido en los años 60.

La 'revolución del 68' y cierto debilitamiento de la moralidad en la Iglesia habrían tenido implicaciones directas en la formación y la vida de los sacerdotes. El antiguo Pontífice cita ejemplos extraídos de los seminarios alemanes en aquella época. En ellos se habrían formado «camarillas homosexuales», escribe el ilustre retirado. Así parece establecer un lazo entre la homosexualidad y la pedofilia. El antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo encargado de juzgar los crímenes sexuales, se pregunta: «¿por qué la pedofilia ha alcanzado tales proporciones? La razón de ello está en la ausencia de Dios», escribe el eclesiástico de 92 años.

La voluntad de reforma del Papa Francisco emerge en esta atmósfera. 'Vos estis lux mundi' aporta disposiciones novedosas en el Derecho interno de la Iglesia. Las reglas previstas son estrictas. Se dirigen a las violencias sexuales en menores o personas vulnerables y todos los actos cometidos «bajo amenaza o abuso de autoridad», como las violaciones de religiosas por parte de sacerdotes o los casos de seminaristas abusados por algún miembro de la jerarquía. Punto fuerte del 'motu proprio' es que las reglas obligan al clero de todos los escalafones a revelar toda sospecha de agresión sexual y todo encubrimiento destinado a interferir investigaciones civiles o canónicas, administrativas o penales abiertas a algún clérigo por agresiones de tal índole. No caben más concesiones al silencio. El texto cubre otras lagunas: las que suceden cuando el inculpado es un obispo, cardenal o superior de una orden.

El nuevo protocolo dirige al denunciante directamente a la Santa Sede o la archidiócesis de su provincia eclesiástica. Para evitar prácticas del pasado, el religioso que alerte de prácticas sexuales impropias o de su ocultamiento se beneficiará de un régimen protector. Otra novedad es que los plazos en la articulación y curso de las denuncias se fijan en tres meses debiendo el arzobispo investigador informar a Roma cada mes. Para sus indagaciones puede disponer de expertos, incluidos participantes laicos. Igualmente como innovación, los denunciantes pueden conocer los resultados de las investigaciones. Se acaba el mantener a las víctimas en la ignorancia de qué se decide con sus agresores.

Las asociaciones de afectados siguen decepcionadas. No hay prevista ninguna sanción caso de no respetar las reglas del motu proprio. No llega la creación de un tribunal especial para juzgar a los obispos culpables y el decreto no obliga a la Iglesia a llegar hasta las autoridades civiles. Caso por caso, los eclesiásticos se dirigirán o no a éstas. Ciertamente quedan hilvanes; pero, conocidos los aplausos conservadores al texto de Benedicto XVI, el Papa argentino ha iniciado una intervención no exenta de riesgos que permite luchar eficazmente contra estas desgracias que nos carcomen. No hay tiempo que perder.