Gol en propia puerta

Resulta insólito que un alto responsable político confiese en público que le han «colado un gol por la escuadra». No lo es menos que un Gobierno que se autoproclama «feminista» dé carta de naturaleza legal a la prostitución en España al autorizar la constitución de ... un sindicato de «trabajadoras sexuales». El ejercicio de sinceridad realizado ayer por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es de una magnitud equiparable al patinazo de su departamento. No basta con que el Ejecutivo rectifique y emplace ahora a la Abogacía del Estado a iniciar los trámites pertinentes para declarar «nula de pleno derecho» la resolución aprobada. Urgen explicaciones sobre cómo es posible que el expediente para crear tal asociación haya completado el recorrido administrativo sin que saltara alarma alguna y, tras recibir todos los vistos buenos oficiales, haya sido publicado en el BOE pese al criterio en contra del propio Gobierno. El «disgusto» personal expresado por la ministra y la rápida intervención de Pedro Sánchez al anunciar que no respaldará a ninguna entidad que promueva esta actividad «ilícita» deben ir acompañados de una severa autocrítica y de la depuración de responsabilidades que corresponda. No se trata de un volantazo como los que el Ejecutivo ha dado en política migratoria o con el Valle de los Caídos al renunciar a convertirlo en un museo de la memoria. La defensa de una plena igualdad de las mujeres y la lucha contra las explotaciones de diverso tipo que sufren -desde la sexual hasta la laboral- forman parte del ADN exhibido por el primer Gobierno con una mayoría femenina. Las airadas críticas de grupos feministas hasta que Valerio reconoció el «gol» en propia puerta y anunció una rectificación reflejan el alcance del traspiés. «La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia», ha escrito la vicepresidenta Carmen Calvo. Autorizar un sindicato de «trabajadoras sexuales» para la defensa de sus derechos equivale a obviar que una buena parte de esas mujeres son en realidad víctimas de mafias, no empleadas que ejercen libremente una profesión. Y a legalizar colateralmente una actividad sin regular en España, cuyo ejercicio -salvo que sea forzado- no está tipificado como delito. Legislar sobre un turbio negocio -y, en cierto modo, legitimarlo- en torno al que se mueven la trata y explotación de seres humanos plantea serias contraindicaciones morales y de diversa índole. Mantenerlo en el limbo de la alegalidad tampoco sale gratis, ya que dificulta su control.