Principio de proporcionalidad y de sedición

Lo ocurrido el pasado jueves en Tarragona confirma sin ningún género de dudas que el orden constitucional ha sido ya completamente subvertido en Cataluña. Los independentistas comenzaron la campaña por el referéndum de independencia y lo hicieron con absoluto desprecio a las resoluciones de los órganos judiciales. A pesar de tratarse de un acto ilegal, y en puridad constitutivo de un delito -no ya de desobediencia sino de sedición puesto que se trató de un acto público y tumultuario cuya finalidad última es la derogación de la Constitución española-, las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedirlo. Es más, la Policía se encargó de regular el tránsito y de velar por el buen desarrollo del acto.

Estos hechos nos recuerdan a la anterior consulta del 9-N. A pesar de las declaraciones del Gobierno en el sentido de que garantizaría la aplicación de la ley, el 9 de noviembre de 2014 los independentistas celebraron la consulta ilegal e ilegítima. Aquel día la autoridad del Estado -que es la del Derecho- quedó gravemente erosionada. La impotencia del Derecho determina que la sociedad pierda su confianza en él. Tres años después, corremos el riesgo de que esa autoridad quede definitivamente aniquilada.

La hoja de ruta golpista está perfectamente diseñada y consta de tres fases: campaña y movilización social del 15 al 30 de septiembre; referéndum el día 1; y proclamación de la República catalana el día 4. Si el Estado no es capaz de evitar la primera, muy difícilmente logrará impedir las últimas. Si no es capaz de impedir que 4.000 personas se reúnan en una plaza -como hicieron en Tarragona el pasado jueves- para mostrar su apoyo a la nueva República, es evidente que tampoco podrá evitar que varios cientos de miles de personas acudan a las urnas, aunque sean de cartón, el próximo día 1.

El Gobierno apela constantemente al principio de proporcionalidad para justificar las medidas que aprueba -o más bien las que no adopta-. Ahora bien, el principio de proporcionalidad no puede nunca ser enfrentado y menos contradecir al de legalidad. El principio de legalidad (cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales) es la base del Estado de Derecho y la proporcionalidad nunca puede ser esgrimida para evitar que la ley se cumpla. Y esto es justamente lo que está haciendo el Gobierno. Forsthoff advirtió ya en 1960 en Alemania que el principio de proporcionalidad no puede ser esgrimido nunca, por ejemplo, para evitar una orden de detención. Conviene recordarlo porque el Gobierno estos días apela al principio de proporcionalidad para evitar tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales. Se da así la paradoja de que con la falsa coartada de la proporcionalidad, el Gobierno realmente lo que hace es incurrir en acciones desproporcionadas por ineficaces para parar el golpe y detener a los sediciosos.

La conducta del Ejecutivo está motivada por el temor a cómo reaccionarán los gobiernos y la opinión pública europea. Pero ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia se hubiera permitido jamás que un proceso secesionista llegara tan lejos como lo ha hecho aquí. Y en todo caso, no es ante la opinión europea sino ante la sociedad española representada en las Cortes ante quien el Gobierno debe responder.

En este contexto, si el Ejecutivo no reacciona de inmediato resultará imposible impedir que, por la vía de los hechos consumados, la independencia de Cataluña se declare en contra del Derecho. Y la reacción pasa por asumir el pleno control del orden y la seguridad públicas en Cataluña, a través del artículo 155 de la Constitución Española, o de la Ley de Seguridad Nacional, y de que la Fiscalía -siguiendo el acertado criterio de la fiscalía de la Audiencia Nacional- presente las correspondientes querellas por sedición que, una vez admitidas por los jueces penales competentes, puedan dar lugar a las correspondientes órdenes de detención de los responsables de la sedición.