Política de supermercado

Nuestra recién estrenada Ley Orgánica de Protección de Datos habilita sin mayor control a las empresas de marketing a recopilar datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus programas electorales. Todo en apariencia muy positivo. Aparentemente bien intencionado. Pero que altera profundamente el juego limpio y las reglas de la política. Primero, porque convierte la democracia en un supermercado. Segundo, porque da ventaja a los partidos más hábiles o con mas recursos para aprovechar los resquicios legales y entrar a saco en la intimidad de las redes sociales. Y tercero, porque actúa sobre el votante sin su consentimiento adulterando la libertad de elección. No es extraño que los partidos convertidos en máquinas electorales ignoren los aspectos negativos de la entrada a saco de la inteligencia artificial y los algoritmos en la lucha por el voto. Al fin y al cabo es su negocio. Pero ya se ha empezado a percibir en estas campañas el impacto de la nuevas armas de propaganda.

Todo gira en torno a la cuestión: ¿qué quiere la gente? Es un planteamiento que intenta dar satisfacción a los deseos de los ciudadanos sin cuestionar si es posible presupuestariamente hablando o perjudicial a medio plazo para el conjunto de la sociedad. La pregunta para iluminar los programas debería ser: ¿qué necesita y puede permitirse nuestro país? Pero eso no es comercial. La campaña de Sánchez (comprendidos los más de ocho meses en Moncloa) ha conseguido cubrir todo el abanico de deseos de la gente, minorías, grupos sociales, segmentos económicos, de una manera llamativa. Todo es posible. Ha rozado la perfección formal. No sé si ha empezado a utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos, pero lo parece.