Pobreza y exclusión social

La pobreza absoluta se identifica con la mera supervivencia fisiológica. Este criterio es seguido por el Banco Mundial cuando fija un ingreso personal mínimo de 1,9 dólares/día como umbral de la pobreza. Dicho criterio se traslada a grandes rasgos a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo sostenible. Siguiendo esta pauta monetaria, las cifras aportan un consuelo relativo al revelar que en 2013, último dato disponible, la pobreza extrema global alcanzaba al 10,7% de la población mundial frente al 42,3% en 1981.

Estos baremos aplicados predominantemente a los países en vías de desarrollo no son asumibles en Occidente donde los mayores niveles de vida reclaman la fijación de un umbral de pobreza 'relativo' dependiendo del contexto social. Así, tanto la OCDE como la Unión Europea, usan una medida basada en la 'distancia económica' que se fija en el 60% de la mediana nacional de los ingresos por unidad de consumo. En España, el 'umbral de riesgo de pobreza' homologado por el INE sigue análogo criterio.

Un concepto más holístico de 'exclusión' se halla en la tasa AROPE (At risk of poverty and exclusión) que agrega al anterior criterio del 60% de la mediana de ingresos otros dos más: tratarse de hogares en los que sus miembros activos trabajaron menos del 20% del total de su potencial anual e incumplir, al menos, 4 conceptos de una lista de 9. Entre esos nueve conceptos de la lista cabe citar los siguientes: no poder ir de vacaciones al menos una semana al año; no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (unos 700 euros); no poder comprar un automóvil; o no poder permitirse un teléfono, un televisor o una lavadora.

El concepto de exclusión puede aun ser ampliado con un criterio multifactorial. La respetada Fundación FOESSA que alimenta la posición intelectual de la organización Cáritas en España basa el análisis de la exclusión social en 35 indicadores que se agrupan en 8 dimensiones: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social, lo que multiplica aun más el concepto de exclusión. En otro estudio, Renés y Laparra defienden un 'Índice sintético de exclusión social' con 3 ejes, 6 dimensiones y 13 aspectos de incidencia en dicha variable. Hay varias aproximaciones más al concepto de exclusión.

Según el INE, en su 'Encuesta de Condiciones de vida', en 2017 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares españoles de una persona se situó en 8.522 euros. El porcentaje de población por debajo del umbral alcanzó al 21,6% de la población frente al 22,3% del año anterior, porcentaje similar al registrado en la Unión Europea de 28. Utilizando el criterio AROPE, el INE aumenta el riesgo de exclusión hasta el 26,6% de la población residente (12.338.187 personas) en España en 2017, frente al 27,9% registrado el año anterior. A similares conclusiones llega el informe 'El estado de la pobreza' de la coalición EAPN.

El citado umbral del 26,6% se reduce al 14,5% de la población en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como se trata de un indicador relativo, si aplicamos nuestro umbral de pobreza de 11.538euros/año/persona, a la media de todos los españoles (cuyo umbral es de 8.522 euros) estos últimos ciudadanos no resultarían afectados por la exclusión.

Ante un sombrío escenario como el descrito, el Estado debe intervenir en un doble plano corrector. La decisión urgente consiste obviamente en la transferencia inmediata de rentas para paliar las carencias de los más vulnerables. La acción más decisiva, sin embargo, se refiere a las políticas aplicables a la corrección a medio plazo de aquellas estructuras que enquistan la pervivencia de la pobreza y la exclusión. Las principales políticas estructurales se constituyen inexcusablemente en un drástico aumento de la Inversión en I+D+i y en una vigorosa promoción de la Educación y el Conocimiento en todas las capas sociales y en la más amplia acepción de dichos vocablos.