Pensionistas en lucha

Las masivas movilizaciones de los pensionistas acaban de cumplir un año como expresión de un arraigado malestar social por las heridas que ha dejado la crisis tras una recuperación económica que, pese a la solidez de múltiples indicadores, ha tenido un reparto desigual y sigue sin ser palpable para los colectivos más desfavorecidos. La insólita rebelión de los jubilados en toda España, con Euskadi como epicentro, no solo ha tenido el mérito de visualizar un descontento ciudadano transversal en lo ideológico y extendido entre amplias capas de la población. Además, ha puesto en el foco del debate político uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país. No ya la cuantía de las prestaciones actuales, aunque en algunos casos sea manifiestamente insuficiente para garantizar unas dignas condiciones de vida, sino la sostenibilidad futura del sistema. Los pensionistas que han mostrado su indignación en las calles, como ayer lo hicieron miles de personas en Bilbao, han exhibido su capacidad de influencia al derribar con sus protestas algunas de las medidas más impopulares decretadas por el último Gobierno del PP. La recuperación del IPC como referencia para calcular la subida de las prestaciones y la mejora adicional a las más bajas constituye un indiscutible éxito de su incesante presión.

Pero el hecho de que sus movilizaciones hayan encontrado respuesta en una coyuntura política favorable a sus intereses no significa ni que todas sus reivindicaciones sean viables en este momento, por muy atractivas que resulten, ni que el desbocado déficit estructural de la Seguridad Social pueda mantenerse de forma indefinida sin intervención alguna para atajarlo. Máxime con la agobiante pirámide demográfica de España, cuyos efectos serán devastadores en unos pocos años. Y cuando se ha comprobado que la recuperación registrada por el empleo, hasta alcanzar nivel similares a los previos a la crisis, es de todo punto insuficiente para cuadrar la cuentas del sistema por la conjunción de dos factores: la precarización laboral, que limita sus ingresos, y el imparable envejecimiento de la población, que dispara sus gastos. Garantizar unas pensiones públicas dignas a medio y largo plazo es un reto ineludible, que obliga a intervenir sin más dilaciones. La magnitud del problema obliga a actuar con valentía, sentido de Estado y a adoptar, en el marco del Pacto de Toledo, medidas que no siempre resultarán agradables, pero que son inevitables. También a dejar a un lado la demagogia y apartar del mercadeo partidista un asunto tan sensible si de verdad se pretende resolverlo.