La pandemia financiera

Sin embargo, tal enfoque requiere déficits fiscales brutales -un equilibrio muy negativo entre los ingresos por impuestos y el gasto público-. Tarde o temprano habrá que pagar la deuda acumulada y, si no se puede reducir el gasto actual, será necesario aumentar algunos impuestos en el futuro. La pregunta del millón -o mejor dicho del trillón- es ¿quién debe pagar? No hay una varita mágica, pero una respuesta se encontrará en la recaudación de los impuestos de las empresas y de los más ricos. Es obvio que si algunos pagan menos de la factura de la pandemia, otros -la gente corriente, los ciudadanos- tendrán que pagar más. Y en la actualidad hay opacidades y desequilibrios en el sistema fiscal internacional que tendrán que cambiar para que la estructura internacional sea más transparente y más justa.

En España, dos casos en investigación están arrojando luz sobre la forma en que algunos de los privilegiados de la élite mueven su patrimonio entre las jurisdicciones fiscales para minimizar lo que pagan. En Cataluña, el expresidente Jordi Pujol está acusado de ocultar una parte suculenta de su patrimonio en el pequeño principado colindante de Andorra. Según la Fiscalía, Pujol y toda su familia más cercana estaban involucrados en un plan fraudulento para evadir impuestos. Y, en Madrid, parece que don Juan Carlos donó varios millones de euros de una cuenta en Panamá a otra cuenta en Suiza vinculada a su entonces amiga íntima, Corinna Larsen, que reside en Mónaco. No es extraño que el fiscal suizo -al igual que muchos españoles perplejos- tenga una larga lista de preguntas para el rey emérito.

Pero los casos de Pujol y de don Juan Carlos son sólo un fragmento de un cuadro mucho más grande y que preocupa cada vez más a la Comisión Europea (CE). Hace unas semanas, la CE hizo pública su intención de eliminar las ventajas fiscales ofrecidas por algunos Estados miembros dentro de la Unión Europea a las empresas multinacionales. Los esquemas ideados por los contables suelen ser muy complejos pero el objetivo es siempre el mismo y sencillo: una empresa establece bases fiscales en cualquier territorio que tenga los tipos impositivos más bajos posibles como Luxemburgo, Irlanda, Holanda o un país muy cercano a la UE como Suiza. El resultado es una carrera en la que los países atraen a las empresas multinacionales ofreciendo tipos cada vez más bajos guiados aparentemente por el principio de que es mejor cobrar algo que nada.

La CE también se preocupa por otro problema frecuentemente vinculado: el uso de paraísos fiscales donde los más ricos pueden proteger su patrimonio de los inspectores de Hacienda. La imagen popular es la de un paraíso tropical y es cierto que existen muchos de estos lugares. Las Caimán, por ejemplo, tienen más de 100.000 empresas domiciliadas en las islas -lo que supone el doble de habitantes-. Estas islas están entre una docena de paradisiacos paraísos fiscales que están incluidos en la lista negra publicada por la CE hace unos meses. Estos territorios permiten que las empresas se registren en sus jurisdicciones sin entrar en detalles. Su riqueza se esconde detrás de un sinfín de fideicomisos o tapaderas y es imposible averiguar ni las fuentes de los fondos o quiénes son propietarios de la verdad. No es necesario decir que los impuestos en el paraíso fiscal son muy bajos o nulos para que las empresas o los más ricos puedan utilizarlos para aparcar su fortuna lejos de la mirada de las administraciones de Hacienda.

Por supuesto, nadie sabe exactamente cuánto dinero se mantiene 'off shore', pero los expertos lo estiman entre 9 y 34 trillones de dólares. Sin embargo, es un problema creciente y podría describirse mejor como una pandemia financiera. Incluso el 'Financial Times' ha señalado la «evasión fiscal de las empresas» como una de las áreas que necesitará una reforma radical en el futuro. Harán falta medidas internacionales y muy bien coordinadas para poner freno a este saqueo. Pero habrá que hacerlo y ahora, con la crisis generada por el Covid-19, es el momento.