25 de octubre, una fecha para la reflexión

Cuando se sometió a consulta el Estatuto de Autonomía de la CAV, la izquierda abertzale optó por su propuesta de un modelo basado en la unidad de los territorios vascos peninsulares y el derecho de autodeterminación. En realidad, la gran trampa de aquel referéndum consistía en el «o esto o nada» que se impuso a una sociedad harta de la larga noche franquista. Podríamos recordar las promesas sobre una autonomía que iba a colocarnos prácticamente al nivel de soberanía de los Estados, pero lo cierto es que, pasados los años, cualquier decisión del Tribunal Constitucional puede anular cualquier decisión del Parlamento de Vitoria o posibilitar la invasión de competencias, como lo hizo con la LOMCE. Un ministro español puede limitar el uso del dinero público en cualquiera de nuestros ayuntamientos o impedir una oferta de empleo público. El Legislativo español puede invadir contenidos competenciales. No podemos regular las pensiones, ni determinar las relaciones laborales, ni gestionar las cárceles, ni los puertos, ni los aeropuertos.

No tenemos espacio de decisión sobre la deuda o la migración, y la corrompida Justicia española sigue amedrentando o encarcelando ciudadanos y ciudadanas vascas. Con todo, el Reino de España no ha cumplido sus compromisos con este Estatuto y hay un gran número de competencias no transferidas tras casi 40 años. Unas decisiones y actuaciones unilaterales que determinan el carácter volátil del concepto de autogobierno para el Estado español.

Acertamos y nos equivocamos ante este Estatuto. Y me explico: si hoy existe la expectativa de lograr un nuevo estatus, un estatus de soberanía, es porque los y las independentistas hemos mantenido una apuesta ambiciosa y hemos neutralizado el objetivo del Estado de utilizar el autonomismo como instrumento de asimilación de nuestros derechos nacionales. Pero nos equivocamos al permitir que el PNV y otros patrimonializaran un avance que se debía mucho más a la lucha popular antifranquista y a la presión del independentismo que a la capacidad negociadora de ciertas élites políticas. El Estatuto y sus avances en cuestiones como la oficialidad del euskara, Osakidetza, educación, EITB, cuerpo policial propio... no fueron logros específicos del PNV, sino conquistas, limitadas y en muchos casos posteriormente condicionadas o mutiladas, pero conquistas, al fin y al cabo, que este pueblo arrancó al centralismo español.

La nuestra es una sociedad con un amplio tejido organizativo, convicciones sólidas sobre nuestros derechos nacionales y sociales. Es esa energía sostenida en el tiempo la que ha presionado para mantener en alto la bandera de la autodeterminación y el cambio social, para crear condiciones de un nuevo escenario político.

Los cambios económicos, sociales y culturales en Europa están barriendo las viejas configuraciones. En estas aguas tormentosas, nada hay tan negativo como navegar sin remos, sin velas, sin timón, atados a una nave en caída libre que se niega a soltar amarras y parece empeñada en arrastrarnos en su naufragio. Es hora, pues, de repensar nuestra relación con España y de hacerlo desde la defensa de los intereses de la mayoría social, que sabe que aquí hay mimbres para hacer otras políticas económicas y sociales porque tenemos otra realidad cultural, sindical, otra correlación de fuerzas, otros horizontes y retos colectivos.

¿Qué queremos ser como pueblo en este complejo siglo XXI? Y, sobre todo, ¿quién queremos que tome las decisiones? Estas son las preguntas que ponen el derecho a decidir y la soberanía en el centro del debate político. No, no es una obsesión identitaria, ni disputas de banderas o sentimientos de adhesión nacional. El debate no está planteado en los términos del siglo XX, mucho menos en los del XIX. Es una cuestión de poder de decisión, quién decide qué, dónde, cómo y cuándo. Es una cuestión de democracia, de bienestar, de modelos de convivencia, de justicia social, de educación, de sanidad, de derechos individuales y colectivos.

ETA ya no existe. Mediante un proceso sin precedentes, se ha producido el fin de la actividad armada contra la voluntad de dos estados, empeñados en atarnos al pasado. Ha sido la izquierda abertzale la que ha apostado por dejar atrás la etapa de confrontación armada manteniendo con firmeza su compromiso y referencias estratégicas. Pero hay quien no quiere aprender nada de todo esto y sigue empeñado en negar la existencia de un problema político de fondo. Confunden el fin de una determinada etapa del conflicto con la desaparición del conflicto en sí.

EH Bildu, a su vez, ha sido audaz, apostando claramente por conformar nuevas mayorías. Lo ha hecho apoyando el cambio en Nafarroa y buscando en la CAV un acuerdo para un nuevo estatus, un estatus de soberanía. Ése es el camino a compartir para romper el techo de hierro y construir nuevos escenarios porque nos interesa modificar las relaciones de poder con el Reino de España, porque la soberanía para nuestros territorios del Sur es garantía de escalas democráticas de calidad y posibilidades de transformación social. Es momento, pues, de llenar de sociedad ese acuerdo y vertebrar una estrategia eficaz desde aquí, junto con Cataluña, para abrir el candado de la transición y asentar un marco de soberanía y transformación social.

El 25 de octubre no es una fecha para la celebración. Es una fecha para reflexionar sobre los pasos a dar, dibujar un horizonte de soberanía y una estrategia compartidos. Nuestra mano está tendida con determinación para posibilitar nuevos acuerdos; la misma determinación que tenemos para seguir defendiendo un proyecto nacional y social vasco con la referencia estratégica de una república vasca independiente, socialista y feminista.