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Las cifras del paro que conocimos el jueves nos muestran a la claras el tamaño y la profundidad de la crisis y el coste de la opción elegida del confinamiento general. No digo que fuese una decisión errónea, aunque hay todo tipo de teorías. Le ... reconozco que no tengo ni idea de cuál hubiese sido el coste sanitario de la alternativa. Así que solo hablo de los costes derivados de la elección elegida, haya sido o no acertada. Y eso que la cifra de los 900.000 cotizantes menos esconde una obviedad. Los ERTES ejercen una función de remanso de nuevos parados, ya que las empresas acogidas no podrán despedir en los próximos seis meses, pero nadie garantiza que puedan sobrevivir por el camino y mantener después el nivel original de empleo. Ya veremos, aunque ya puede descontar que abril será aún peor.
Ahora necesitamos mantener a las empresas respirando y para ello se necesitan varias cosas. Algunas anunciadas, pero no realizadas, y otras que están a la espera de ser concretadas. Por ejemplo, no sé dónde están los famosos 200.000 millones, desde luego no en las cajas de las empresas. Tampoco se ha despejado el horizonte de los autónomos, que curiosamente han tenido pérdidas de empleo mucho menores en porcentaje que los mostrados en el Régimen General. Y seguimos a la espera de algún tipo de alivio en el sistema fiscal, como han hecho las diputaciones. No se trata, o sí, de perdonar impuestos, pero ¿es lógico cobrarlos ahora con tal cantidad de contribuyentes cerrados y/o parados?
Y, además de las cosas que hay que hacer, hay algunas que convendría evitar. Por ejemplo las declaraciones del señor vicepresidente, que de manera velada apunta a expropiaciones. Siempre ha querido derribar el régimen del 78, pero ahora es su mayor defensor. Hace una lectura literal del artículo 128.1 de la Constitución, donde se impone que «toda la riqueza del país... está subordinada al interés general». Pero nadie, más que él y sus colegas, opinan que eso permite actuar como hacía su ídolo Chávez en Caracas. Recuerda aquello tan bonito del '¡exprópiese, exprópiese!' Una cosa es que esté subordinada y otra que se pueda abolir y expropiar. Eso ni es legal, ni es justo, ni está contemplado en nuestro ordenamiento judicial. No va a ocurrir, el país no lo soportaría, ni Europa lo aceptaría. Pero hay mucha gente que lo oye y se preocupa. Y algunos actúan en consecuencia. No necesitamos más preocupaciones. Entre otras cosas, ser vicepresidente del Gobierno obliga a ser sensato.
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