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Una prueba de que el PP ha recuperado la iniciativa nos la brinda esa genial idea de exigir a los mendigos de Madrid que declaren el dinero que ganan pidiendo en la calle para descontárselo de las ayudas sociales. La noticia, que ha saltado al ... plató nacional por su carácter tan pionero como cutre, demuestra que en este país no acabamos de dar con ese punto medio en el que residía la virtud según los clásicos. Aquí andamos entre una izquierda patológicamente obsesionada con romper todo lo que se parezca a una hucha y una derecha tacaña que está dispuesta a contarles la calderilla de las limosnas a los indigentes; entre los que quieren subir el techo de gasto en nombre de lo social y los que quieren bajar hasta el gasto social de los sin techo.
La ocurrencia es sangrante teniendo, como tenemos, una Hacienda incapaz de recaudar otra pasta que no sea la del pringado con nómina y el currante por cuenta ajena. Al propio Montoro se le fue la fuerza fiscal por la boca de las amenazas. A la hora de la verdad no tocó los trucos evasivos de las grandes fortunas, las empresas y las sociedades interpuestas, tan del gusto de los ministros de Sánchez, y mantuvo una estimativa Ley de Módulos que es la institucionalización de la desidia auditorial del Estado y de la vista gorda a los negocios opacos porque nace de un planteamiento expresamente derrotista: como sus titulares muestran una rara tendencia a no pagar nada, se les pone un impuesto benigno a ojo de buen cubero para que, así, paguen algo.
En este contexto en el que ni la izquierda ni la derecha desean acabar con el lastre del fraude tributario, nos topamos con el Gobierno de Ángel Garrido, que quiere fiscalizar a los que piden en las puertas de las iglesias, trapichean con chatarra o cantan en el metro. La obsesión del PP con el metro y con sus cantantes viene de lejos. Hoy es Ángel Garrido en su Ejecutivo regional, pero ayer fue Ana Botella en su Gabinete municipal la que tuvo la brillante idea de someter a los músicos callejeros a un ignominioso examen de idoneidad en el que un sádico jurado al estilo de MasterChef decidiera si eran aptos o no para emitir notas en un espacio público. Hay ideas que, sólo por sensibilidad ética y estética o por sentido del ridículo, no se pueden plantear ni desde un Gobierno autonómico ni desde una Alcaldía. Pedir una declaración jurada de ingresos a quien duerme bajo el cielo en una comunidad que tiene a un ex presidente en el trullo es algo indecente además de grotesco.
Sí. Necesitamos urgentemente el dinero de los mendigos para sostener los sueldazos del 'procés' o pagarle a Pedrito el avión y el helicóptero. Pero, por definición, las limosnas son dinero negro. Nadie saca la tarjeta de crédito ni la de débito cuando quiere hacer una caridad con un pobre. Ni hay pobres tan organizados que te saquen el datáfono. De momento.
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