Mascarillas y distancia

La Generalitat ha resuelto que desde hoy los habitantes de Cataluña deberán emplear mascarillas cuando se encuentren fuera de sus domicilios en una orden con un dudoso soporte legal, pero cuyo propósito parece indiscutible. El Departamento vasco de Salud ha adoptado idéntica decisión para Ordizia. Tras semanas de contradicciones por parte del Gobierno y de los responsables de Sanidad, el real decreto de 'nueva normalidad' dictó la obligatoriedad de esa prenda -a riesgo de una multa de 100 euros- en aquellas situaciones que impidieran la distancia física de 1,5 metros. Una exigencia cuya salvedad resulta imposible de asegurar de antemano tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas localidades. De modo que parece conveniente que la propia norma en trámite parlamentario sea modificada para garantizar el uso de mascarillas de forma continuada.

La encuesta realizada junto al estudio de seroprevalencia revela una inexplicable diferencia entre comunidades autónomas y provincias en cuanto a su utilización. Una diferencia que se manifiesta aún de manera más palpable entre generaciones, con los adolescentes y jóvenes mostrándose reacios a esa protección y al distanciamiento. Como si su edad les permitiese desafiar el peligro. El sistema autonómico de salud pública y de atención primaria está siendo puesto a prueba por los nuevos brotes. Lo mismo ocurre con la disposición política de los gobiernos territoriales a responder en tiempo y forma a las crisis sanitarias de la 'nueva normalidad'. Los poderes públicos han de emplazar a la sociedad a no relajarse como lo están haciendo tantos ciudadanos. Aunque prefieran dar buenas noticias, los responsables institucionales tienen el deber de reconvenir a aquellos a quienes representan para combatir la pandemia.