Lamento por la muerte de un preso

Un ejemplo que ilustra bien hasta qué extremo se está deteriorando la calidad de la actividad política nos la ofreció la sesión de control celebrada este miércoles, donde Casado, Arrimadas y Abascal interpelaban al presidente por asuntos de la pandemia. Pues bien, las preguntas quedaron deslucidas y vacías, dado que los tres entendieron que lo que les interesaba era poner el grito en el cielo porque Sánchez el día anterior en el Senado había «lamentado profundamente» la muerte del preso Igor González, probablemente por suicidio. No arremetieron contra el presidente por una posible falta de diligencia de Instituciones Penitenciarias, sino porque lamentó la muerte de una persona, en este caso recluso de ETA, que llevaba quince años en prisión y le restaban cinco más.

Para cualquiera que actúa bajo los principios de humanidad y dignidad, la respuesta del presidente es irreprochable. Parece que Casado, Arrimadas y Abascal reprochaban a Sánchez que no se hubiera alegrado por la muerte de Igor González, como exigiría, al parecer, una buena empatía con las víctimas de ETA. Es decir, como si estas nos hubieran fijado como imperativo moral tener que alegrarnos por la muerte de un preso etarra.

La respuesta del presidente no solo era la obligada por razones humanitarias, sino también porque como responsable máximo de la Administración del Estado, no puede más que lamentar la muerte de un recluso, dado que la Administración penitenciaria tiene la obligación legal de «velar por la vida, la integridad y la salud de los internos e internas».

Los investigadores del fenómeno del suicidio distinguen los patológicos y los no patológicos; entre el suicidio consecuencia de un trastorno psíquico y el voluntario resultado de una decisión libre o cuando menos no afectada por trastorno mental. Aunque los suicidios libres puros son casi inexistentes, también hay que decir que no todos los suicidios que se producen son patológicos.

La prisión incrementa los riesgos al suicidio de la población reclusa, en proporciones mucho más elevadas que la que se da entre la población no reclusa. Instituciones Penitenciarias tiene la obligación de detectar y establecer los tratamientos para minimizar el riesgo. El ministro de Interior ha prometido que se analizará lo sucedido para mejorar los protocolos de actuación. Sería necesario que se analizara también la actuación de la Administración penitenciaria en orden a aclarar si el suicidio de Igor González, a la vista de los datos obrantes, era o no evitable con el seguimiento y tratamiento adecuados.