la junta, una ocasión magnífica

Desde entonces, hemos asistido a un incesante y terrible goteo de noticias que ligan al banco con actitudes penalmente reprobables y éticamente inadmisibles. Se han desvelado conexiones inexplicales; se han presentado demandas judiciales; los jueces se han puesto en marcha -esto va para largo- y han exigido la entrega de una documentación que no se entrega porque al parecer no existe o no se encuentra. Los organismos reguladores, tanto la CNMV como el Banco de España y el Central Europeo, han mostrado su inquietud y exigido una celeridad inédita a la fecha, a pesar del enorme monto de los recursos empleados. Y, para colmo, los 'proxyes' que aconsejan sobre el sentido del voto en las juntas de accionistas han empezado a mostrarse en contra de puntos esenciales del orden del día sometido a votación.

Mientras todo eso ocurre, el consejo de administración y su presidente se han enrocado en una posición que resulta muy decepcionante. La tesis, machaconamente repetida, es la siguiente:

1) Estamos realizando una investigación exhaustiva.

2) Hasta ahora no hemos encontrado nada ilegal, ni siquiera reprobable.

3) Como no hemos encontrado nada, no podemos actuar y si lo encontramos, actuaremos.

Resulta decepcionante porque faltan por explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué buscan exactamente con tanto ahínco y con tan espectacular despliegue de medios? Si piensan encontrar algún archivo que recoja la constatación expresa de encargos delictivos y sus pagos posteriores, que pierdan la esperanza y abandonen la búsqueda. Quienes acostumbran a hacer este tipo de cosas acostumbran también a borrar el rastro. Son malos, pero no tontos, ni siquiera son descuidados.

Además, me atrevería a decir que los accionistas no exigen que les muestren lo que no aparece y se conformarían con cosas más simples, como las respuestas a estas preguntas. ¿Quién contrató los servicios de seguridad al comisario Villarejo? ¿Cuál fue exactamente el contenido del pedido realizado? ¿Cuál fue y quién recibió la contraprestación? ¿Quién la validó, quién autorizó el pago, quién lo supervisó? Y cosas así. Porque claro, decir que los informes de Villarejo solo incluían noticias publicadas en la prensa, nos lleva a dudar de que por algo tan nimio se hayan pagado 6 millones de euros a lo largo de un montón de años? ¿No tiene servicio de prensa?

Por último, queda la gran cuestión. La determinación de los hechos ocurridos y su calificación jurídica corresponde a los jueces y, mientras no sentencien, el banco hace bien en practicar y proteger la presunción de inocencia. ¿Pero de verdad cree el consejo, con su presidente a la cabeza, que las terribles y numerosas acusaciones lanzadas no abollan la reputación del banco ni afectan a la moral de sus empleados y accionistas? ¿Creen de verdad que no ha llegado el momento de aplicar el código de conducta ética de la entidad? ¿Y lo creen sin proporcionar una justificación, ni aportar ningún dato más allá del genérico de «estamos investigando y no hemos encontrado nada»? Pues se equivocan gravemente. Las acusaciones son terribles y las respuestas deben ser mucho más contundentes y rápidas.

La junta del próximo viernes es una ocasión magnífica para cambiar de postura. Los accionistas no piden divagaciones, quieren explicaciones. Tienen derecho a recibirlas y nadie tiene derecho a ocultarlas. Por más que tenga el poder de hacerlo. Dada la forma como se establece la delegación y como se pide el voto -¿nunca obligará la CNMV a establecer un sistema más claro y menos condicionado para al accionista?-, es seguro que la mesa sacará adelante sus propuestas. Pero, si eso les satisface y si se quedan tranquilos con ello, es que priorizan sus problemas del pasado sobre el futuro del banco.