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En un sistema democrático la moción de censura es un instrumento constitucional extraordinario para interrumpir la legislatura y examinar si los apoyos logrados en la investidura del presidente en ejercicio continúan vigentes. En nuestra organización electoral no son los electores quienes eligen al presidente del ... Gobierno sino los diputados en el Congreso, lo que da sentido a revisar de forma extraordinaria, los apoyos parlamentarios de que dispone, en un momento de crisis, de la legislatura.
Según el artículo 113 de la Construcción, la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los miembros del Congreso (actualmente 35), y ha de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. En estas condiciones el único partido que podría someter a Sánchez a la censura es el PP. En teoría, el partido que presenta la moción de censura entiende que en ese momento, el bloque de investidura original ya no representa la voluntad popular, desengañada por una acumulación de irregularidades en la gestión, con el fiscal general del Estado imputado, la esposa del presidente, investigada, arrepentidos que ponen al descubierto tráfico de influencias, cártel de negocios en la esfera del poder, y presuntas corrupciones varias.
La pregunta del millón es si el cuerpo electoral y la opinión pública, en España, están reclamando que el Gobierno del PSOE se dé cuenta, en un debate a corazón abierto, de las ilegalidades de las que le acusa la justicia. Es decir, que asuma la responsabilidad política de los escándalos que le señalan. Al no existir, de momento, un sentencia firme en los casos Koldo, Ábalos, Begoña G, fiscal general, mascarillas, etc. los grupos del bloque de investidura podrían y con seguridad acudirían, al argumento de que las acusaciones forman parte de una operación política para desgastar al Gobierno.
El inconveniente es que partidos «de Estado» estarían señalando a las Fuerzas de Seguridad del Estado (UCO) y a los jueces (Fiscalía Anticorrupción, Audiencia Nacional) como cómplices de la presunta campaña. Pero en las actuales condiciones de polarización y hostilidad entre bloques, es una broma hablar de moción de censura. Nadie, nunca, cambiaría de bloque. No hay prueba, acusación, filtración, confesión de arrepentido o pistola humeante, capaz de que alguien abandone al jefe. Únicamente cálculos electorales podrían cambiar el guión. Es el caso de Podemos y el PNV. A los primeros les interesan elecciones para aprovechar la caída de Sumar y a los segundos desmarcarse de un bloque izquierdista contrario a los intereses de las clases medias y empresariales que les apoyan. El escenario apropiado sería la negociación de los Presupuestos. Si no salen, PNV culparía a Podemos y Podemos culparía al PNV. Y ninguno podría ser acusado de hacer el juego a la derecha.
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