Investidura complicada

La primera es la formación de gobiernos en minoría gracias a la abstención de alguna fuerza política. Así fue investido Mariano Rajoy y así podría ser elegido Pedro Sánchez ahora. Sin embargo, la experiencia confirma que la debilidad de estos ejecutivos los convierte en absolutamente ineficaces para hacer frente a los retos y desafíos de nuestro tiempo. Estos gobiernos en minoría nunca podrán realizar las reformas de largo alcance (fiscales, laborales, educativas) que el país requiere.

La segunda opción supone constatar el fracaso de los representantes políticos para cumplir con el mandato ciudadano y con su primera función (investir al presidente) y repetir las elecciones. El último apartado del artículo 99 de la Constitución (el que regula el procedimiento de investidura) prevé expresamente que, si transcurridos dos meses desde la primera votación de un candidato, ninguno ha sido elegido, las Cortes quedan disueltas y se procede a convocar unas nuevas elecciones generales.

Aunque ninguna de las dos opciones es buena, la primera supondría adentrarnos en una senda de inestabilidad crónica, de parálisis legislativa, de imposibilidad de aprobación de Presupuestos, que podría resultar letal para nuestro sistema constitucional. Por ello es preferible una repetición electoral al espejismo de una investidura lograda sin el respaldo de una mayoría clara en torno a un programa de Gobierno. Y no digamos ya si esa investidura se logra con la abstención de partidos contrarios al orden constitucional como pueden ser Bildu o ERC. En todo caso, la amenaza de una repetición electoral -que ha sido ya esgrimida por un cualificado dirigente socialista, José Luis Ábalos- podría producir efectos sobre quienes bloquean hoy la formación de un Gobierno parlamentario.

En ese contexto, si se confirma el 'no es no' de Albert Rivera (que antaño practicó Sánchez y que es incompatible con los principios de la democracia parlamentaria), Sánchez debiera someterse cuanto antes a la investidura a los únicos efectos de ser rechazado por el Congreso y activar así el denominado por algunos comentaristas 'reloj electoral'; esto es, iniciar el plazo de dos meses para la repetición de elecciones. Tras la investidura fallida, y con el riesgo cierto de una repetición electoral -en la que el PSOE y el PP tienen tantas posibilidades de mejorar sus posiciones como Ciudadanas de empeorarlas-, cabe prever que algunos modificarían sus posiciones. Ello haría posible que el Rey, tras una nueva ronda de consultas, propusiese nuevamente a Sánchez, pero esta vez con la seguridad de que cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta de diputados.

Realmente, y esto es algo que no ha sido suficientemente subrayado, Felipe VI no ha propuesto a Sánchez para ser investido, sino para activar el reloj electoral. La situación es similar a la de 2016. Entonces, tras la ronda de consultas, el Rey constató una situación de bloqueo en la que ningún candidato tenía posibilidades de ser investido. Respetando escrupulosamente su neutralidad, propuso entonces como candidato a Rajoy por ser quien contaba con más apoyos, aunque fueran insuficientes. Rajoy declinó el nombramiento e impidió así que el Rey pudiera cumplir con su función constitucional. De no ser porque Sánchez, con lealtad al Rey, aceptó el encargo no habría sido posible desbloquear la situación. Ahora ha ocurrido algo similar. Tras la ronda de consultas, el Rey ha constatado que ningún candidato cuenta con posibilidades de ser investido. Felipe VI, respetando su neutralidad, ha propuesto al candidato que cuenta con más apoyos (aunque insuficientes). Sánchez, a diferencia de Rajoy, ha sido leal al Rey y aceptado el nombramiento de candidato. Cuando sea rechazado por el Congreso, se iniciará el plazo de dos meses a contar para las nuevas elecciones.

Estas pueden y deben ser evitadas, pero siempre serán preferibles a la formación de un posible Gobierno que dependiese de la abstención de Bildu o de ERC. Para ello será preciso que los partidos asuman que la democracia es acuerdo y compromiso. Ahora bien, los acuerdos solo son posibles sobre la base de la discusión. Y para discutir hay que tener ideas. En este contexto, el verdadero problema de nuestro sistema político es que las ideas han sido sustituidas por los insultos y por una estrategia de demonización del adversario -sea este el PP o el PSOE- que es imprescindible abandonar.