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El PNV de Andoni Ortuzar parece haber dado instrucciones claras a sus burukides y cargos públicos con la mirada puesta en las próximas elecciones. Unos comicios que ya veremos si son las europeas, municipales y forales del 26 de mayo –también autonómicas en comunidades como ... la Navarra que hoy gobierna la periodista abertzale Uxue Barkos– o si el socialista Pedro Sánchez asume su realidad y convoca antes unas nuevas generales, sobre todo si el PP de Pablo Casado se estrella en Andalucía.
Esas instrucciones son dos, amén de una tercera que ningún político precisa que le recuerden. La primera, conservar las posiciones que se han venido adoptando en los últimos años, algunas contradictorias respecto a otras, pero que sirven para ocupar el máximo espacio posible. Y arriesgar lo imprescindible en el día a día. Amén, claro, de aprovecharse al máximo de los medios de comunicación y ponerse delante de cualquier cámara que se sitúe a tiro, ya sea en un acto cultural, empresarial, universitario, deportivo o en una cata de vinos, y preferiblemente tapando al adversario.
Con las encuestas en la mano, Sabin Etxea cree que la posición en que ha ido colocando al partido constituye la mejor garantía de éxito en las urnas y que, por tanto, no hay que tocarla. Ese cóctel incluye la moderación del lehendakari, Iñigo Urkullu, en su acción de gobierno y el acuerdo de bases claramente soberanista alcanzado en el Parlamento autónomo por el PNV y la izquierda abertzale de Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez para reformar el Estatuto. También esas políticas de normalización teñidas de equidistancia, cocinadas por Jonan Fernández por deseo expreso del presidente del Gobierno autónomo, o las visiones contrapuestas sobre el 'procés' catalán que conviven con aparente naturalidad –dejémoslo por ahora ahí– en la formación peneuvista.
La visita que giró el miércoles a Euskadi, primero a Ajuria Enea y luego a San Sebastián, el president Quim Torra y la consulta soberanista que hoy se celebra en varias localidades vascas, incluida por primera vez una capital, Donostia, organizada por Gure Esku Dago, el colectivo surgido del entorno de la izquierda radical, han servido para ratificar por enésima vez la habilidad del PNV para lograr que convivan en su seno sin graves dificultades gentes con opiniones tan diversas que a orillas del Mediterráneo ya habrían roto.
En concreto quienes rechazan hacia dónde ha derivado el 'procés' catalán, como Urkullu, con quienes dicen sentir envidia del mismo, cual es el caso de Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa con aspiraciones de llegar aún más alto. O quienes, como Ortuzar, prefieren guardar cierta distancia con Gure Esku Dago para evitar que se convierta en una ANC a la vasca que termine desbordando a los partidos, como ha sucedido en Cataluña, con ese PNV guipuzcoano de Joseba Egibar, totalmente entregado a la causa.
La paciencia que se ha autoimpuesto el Euskadi buru batzar ha llegado esta semana al punto de no elevar apenas el diapasón cuando el lunes se conocía el pacto PSOE-PP sobre Justicia. Un acuerdo por el que los antiguos partidos del turno se reparten los veinte sillones del Consejo General del Poder Judicial (11 para los socialistas y nueve para los populares). El PNV queda fuera por primera vez en años.
Todo ello amén de pactar y de hacer público sin respetar plazos ni formas que el nuevo presidente del Consejo y del Supremo será quien iba a encabezar la Sala que juzgará a los políticos del 'procés', el conservador Manuel Marchena.
El compromiso ha enervado al mundo judicial. Le ha costado a Pablo Casado y al negociador del PP, el exministro Rafael Catalá, abundantes críticas internas por haber cedido la mayoría a la izquierda. Y tampoco ha gustado al PNV, pero su objetivo prioritario es que la legislatura siga y mejor no desgastar más al presidente Sánchez.
Donde los jeltzales no han podido seguir en la trinchera ha sido en Sanidad. Meses después de que estallara el escándalo de la OPE de Osakidetza, tras intentar resistir sin asumir responsabilidades políticas por la chapuza, el PNV ha sacrificado a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica. Con un doble objetivo: frenar la tormenta e intentar evitar la caída del titular de Salud, Jon Darpón.
Parece que sí, pero está por ver si con este movimiento los jeltzales han logrado abortar los planes que había telegrafiado la oposición. EH Bildu, ElkarrekinPodemos y el PP, que suman mayoría en el Parlamento vasco, habían avisado que activarían una comisión de investigación sobre el caso, que fácilmente podría prolongar su quehacer hasta mayo y enturbiar el horizonte electoral peneuvista.
La operación quirúrgica no ha quedado ahí. El PNV, que con los años ha formado un nutrido grupo de fontaneros del máximo nivel profesional y que tiene distribuidos por diversas instituciones, la patronal, grandes empresas y firmas auditoras, y hasta clubes de fútbol, inalcanzable para otros que bastante tenían con no ser asesinados por ETA, ha elegido a uno de ellos para cubrir la vacante de Múgica. Se trata de Juan Luis Diego, hombre muy muy cercano a Ortuzar, de quien fue su 'mano derecha' en EiTB, y que ahora trabajaba en Lehendakaritza con Urkullu.
Para lo que Sabin Etxea carece de antídoto es para el 'caso De Miguel', salvo que los acusados sean absueltos, la sentencia se posponga a otoño y las generales no sean entonces. Una foto como la de Rodrigo Rato podría ser letal para el PNV.
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