Huelga abusiva

El paro de un mes convocado en la enseñanza concertada vasca radicaliza un conflicto que urge zanjar con un acuerdo razonable y cesiones mutuas

EL CORREO

Miércoles, 16 de octubre 2019, 01:14 | Actualizado 09:48h.

El paro de un mes convocado en la enseñanza concertada de Euskadi representa un salto cualitativo en la radicalización de un conflicto arrastrado a un callejón sin aparente salida por las diferencias irreductibles entre la patronal y los sindicatos, que ya sacudieron el ... pasado curso y amenazan con arruinar el actual. La huelga es una herramienta legítima en la defensa de los intereses de los trabajadores, pero que ha de utilizarse como último recurso y siempre con la responsabilidad y proporcionalidad debidas. Sobre todo, cuando los derechos que se reivindican con ella colisionan, como en este caso, con los de otra parte de la sociedad.

Tomar como rehenes a más de 90.000 alumnos con una protesta ininterrumpida que suspenderá las clases entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre constituye un evidente abuso. Es llevar demasiado lejos un pulso laboral enquistado que ha puesto en jaque a un sector que aglutina a la mitad del sistema educativo vasco porque así lo han decidido libremente las familias. Resulta injustificable que el convenio colectivo de los centros de iniciativa social lleve más de diez años sin ser revisado. Pero ello no resta desmesura a unas movilizaciones que tendrán letales efectos en el aprovechamiento del curso por parte de miles de estudiantes.

Las dos partes enfrentadas tienen la obligación de recomponer los puentes de diálogo en busca de un acuerdo razonable, basado en cesiones mutuas, que recomponga la paz social. El Gobierno vasco no puede permanecer impasible como si el conflicto le fuera ajeno. Aparte de que de él depende la fijación de los servicios mínimos, su condición de garante de la calidad de la enseñanza ha de llevarle a ejercer una intensa labor arbitral para propiciar un entendimiento. También a evaluar una eventual mejora de la financiación de los colegios concertados para compensar los ajustes aplicados en la crisis, ya corregidos en buena medida en la red pública.

Ello elevaría el margen de los centros para satisfacer las demandas de los profesores, justas en muchos casos pero de elevado coste. Los sindicatos y la patronal deberían ser sensibles al profundo desgaste de la imagen del sector, que dañan sin remisión huelgas como la anunciada ayer y las 24 jornadas lectivas perdidas el último curso. La aguda conflictividad en nada contribuye a atraer alumnos en una coyuntura de desplome de la natalidad y de encarnizada competencia entre redes ni, por tanto, a las expectativas de futuro de sus 9.000 profesores. Ese tendría que ser un motivo suficiente para desenrocar posiciones y alcanzar un pacto sin maximalismos que zanje una situación insostenible.

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