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Quiero saber la verdad y que se haga justicia, quiénes fueron los autores materiales, quién organizó el atentado y quién dio la orden». Son declaraciones realizadas en 2012 por Laura Martín, viuda de la última víctima mortal de los GAL, cuando para entonces se cumplían ... 25 años del asesinato de Juan Carlos García, objetor de conciencia. La misma exigencia que también plantean los familiares de las víctimas mortales de ETA que siguen sin saber la identidad de los autores. Heridas sin cerrar que afectan en su terrible dolor a sus familias y a la salud democrática de nuestra sociedad, pues son heridas cancerígenas que destruyen células que crean tejido social para la convivencia pacífica. El tratamiento es común: verdad, justicia y al final, si puede ser, reparación.
Esta semana hemos conocido un informe desclasificado de la CIA, donde en uno de sus párrafos se atribuye a Felipe González haber permitido la creación de un grupo criminal para combatir a ETA. Es cierto que este informe no constituye un documento probatorio para acreditar la participación del entonces presidente en la creación de los GAL. Pero en la conclusión coincide con una opinión pública que se fue formando en base a hechos acreditados que permitían sostener con solidez jurídica que los GAL constituían la expresión de lo que se llamaba la «guerra sucia» del Estado contra ETA. Es decir, del «terrorismo desde el Estado».
El sumario base de los GAL donde fueron condenados, entre otros, Amedo, Domínguez, San Cristóbal, Rafael Vera y el ministro del Interior José Barrionuevo, sin entrar ahora en el caso Lasa y Zabala, contiene hechos probados de tal envergadura que resulta pura lógica sostener que los GAL surgieron desde dentro del Estado, con la participación de las más altas instancias de la Seguridad de ese Estado. Y en tal escenario, la pregunta es: ¿Habría actuado Barrionuevo en la creación de un grupo criminal de espaldas a su presidente, sin su autorización? La lógica nos lleva a pensar que no. Además, el Estado, lejos de favorecer la investigación, la torpedeó. El Estado se resistió. Recuerden aquella frase de González, llena de soberbia, cuando soltó: «Ni hay pruebas ni las habrá». Pues se equivocó, las hubo, que permitieron condenar a su ministro y al secretario de Estado. Ahora, sería bueno que González hiciera un acto de responsabilidad ética por respeto a las víctimas de los GAL y nos contara, en la sede que sea, qué sabía de la creación y de la financiación de ese grupo. Los ciudadanos le perdonaríamos aquella declaración frívola, cuando preguntado por los GAL respondió: «Me enteré por la Prensa». De paso permitiría al PSOE liberarse de ese cordón umbilical que le aprieta, sobre todo en Euskadi, donde le ahoga, que tanto saben por desgracia, lo que es padecer el terrorismo.
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