La forja de un mito

Ahed Tamimi fue condenada por un tribunal militar israelí a ocho meses de prisión acusada de incitar a la violencia, la misma pena que se impuso a su madre Nariman, que grabó las imágenes que más tarde se hicieron virales en las redes sociales. Una pena absolutamente desproporcionada, si tenemos en cuenta que la joven iba desarmada y no llegó a poner en peligro en ningún momento la vida del soldado. Su caso no es el único, ya que más de 300 menores palestinos (algunos de tan sólo 12 años de edad) están encarcelados en la actualidad en prisiones israelíes, tal y como ha denunciado la organización israelí de derechos humanos 'B'Tselem', lo que representa una fragrante violación del artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño, que estipula que el encarcelamiento debería ser la última opción y reservarse a casos extremos. Israel tiene el dudoso mérito de ser el único país del mundo que juzga a menores de edad en cortes militares sin unas mínimas garantías procesales.

Amnistía Internacional ha denunciado también en diversos informes a lo largo de los últimos años la detención y tortura de menores palestinos, que se han convertido en una práctica sistemática e institucionalizada. Como denuncia esa organización, «con frecuencia se les arresta en operaciones nocturnas y se les somete a malas prácticas como amenazas, duros interrogatorios sin la presencia de abogados o familiares, régimen de aislamiento y, en algunos casos, violencia física», entre las que se incluyen bastonazos, ahogamientos, bofetadas, encadenamientos o privación de sueño. En los últimos años se ha convertido en una práctica habitual que se criminalice la participación de menores en manifestaciones pacíficas que reclaman el fin de la ocupación, el cese de la colonización o la interrupción de la construcción del muro.

El problema no sólo afecta a los menores sino también al resto de la población palestina. Encontrar una familia en la que ninguno de sus miembros haya sido encarcelado en alguna ocasión en estos últimos 51 años se ha convertido en una misión imposible, lo que evidencia el intento israelí de criminalizar a todos aquellos que se oponen a la ocupación israelí, incluso a aquellos que lo hacen por medios pacíficos y apuestan por la resistencia civil.

Según 'B'Tselem', el número total de detenidos palestinos en la actualidad es de 5.732. En muchos de los casos se trata de detenciones administrativas sin juicio ni acusación por una duración de seis meses que puede prolongarse de manera indefinida bajo la genérica acusación de poner en peligro la seguridad pública, aunque en la mayor parte de las ocasiones el detenido ni tan siquiera es informado de las acusaciones en su contra. En la actualidad hay más de 440 detenidos administrativos, incluidas tres mujeres y dos menores de edad.

Todo esto ocurre cuando la cuestión palestina atraviesa uno de sus momentos más delicados. La apuesta de la OLP por la solución de los dos Estados ha resultado fallida ante la negativa israelí a aceptar la independencia palestina. Netanyahu pretende aprovechar la actual coyuntura para imponer el sueño sionista del Gran Israel entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Buena parte de los tradicionales defensores de la causa palestina en el mundo árabe se han distanciado de ella, dado que en la actualidad tiene más costes que beneficios. Trump, por su parte, ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel y ha congelado la ayuda a la Agencia de Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas para tratar de asfixiarla. La Unión Europea mientras tanto permanece impasible ante el enquistamiento de la situación. Ante todos estos retos, la dirigencia palestina no puede seguir apostando por fórmulas fallidas sino que necesita hacer una enmienda a la totalidad y encontrar nuevas formas de movilización ciudadana que apuesten por la resistencia civil y la desobediencia, ya que el camino que tiene por delante se antoja largo y complejo.