Un Estado de Derecho roto

No voy a poner en duda el infantilismo de los argumentos usados por la Generalitat cuando se ha empeñado en avanzar hacia la independencia intentando convencernos de que lo hacía desde dentro de la ley. Saben que no es así. La juez Carmen Lamela fue apartada en su día de la trama ‘Gurtel’ por sus afinidades con el PP: se temía, con razón, que sería parcial. Con la misma parcialidad ha llevado a la cárcel a dos personas, acusadas de sedición, por impulsar manifestaciones pacíficas (no han usado ni pistolas ni tanquetas). Eso también, esa barbaridad, se hace en nombre del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho maltrecho, por cuanto que si se duda de la parcialidad de una juez -mejor dicho, no se duda nada- para juzgar un asunto de gravedad sobre corrupción por su afinidad con un grupo político, no se entiende que desaparezca la duda como por encanto, cuando lo que se trata de juzgar son hechos de naturaleza política en la que el PP es protagonista principal. Su amiga, esa juez parcial devenida de forma milagrosa en imparcial, es quien encierra al personal en la cárcel, imputándoles nada menos que delitos de sedición. Sedición. ¿Hemos perdido el juicio o es que cada vez hay menos necesidad de disimulos para recordarnos a los ingenuos, de forma práctica, que este Estado de Derecho hunde sus raíces allí, en efecto, allí donde usted se imagina? Vamos a dejarnos de bobadas? Ni queriendo se puede tensionar más el tema.

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Es cierto: una sociedad que incumple sus propias leyes corre el grave riesgo de desintegrarse. Se trata de una de las mayores conquistas democráticas, y solo podemos funcionar con ciertas garantías si aceptamos esa premisa: la ley es para todos. Incluso, como sucede de forma terca cada día, aunque no sea igual para todos. Aun así no tendría problemas en aceptar la premisa básica. Ahora bien: las leyes que ordenan la convivencia solo se sostienen si son aceptadas por la mayoría, no de otro modo. Cuando no sucede eso, cuando hay múltiples pruebas de que una parte importante de la sociedad (un 70%, un 80%, en el caso de Cataluña) desea manifestar su opinión sobre un asunto que le afecta, pero se le recuerda que no lo puede hacer porque la legislación y la normativa en vigor lo impide, las costuras amenazan con reventar. Si no se pone remedio a tiempo y el gobernante se empeña en mirar a otro lado o a enfrascarse cada noche en la lectura del Código Penal se corre el enorme peligro de que se abran súbitas coyunturas políticas cuya presión es imposible de controlar recurriendo solo a la imposibilidad de ir más allá de lo que marca una ley promulgada cuando los viejos éramos jóvenes. Mucho más cuando los ciudadanos asistimos, con estupor y desde hace años, a una manipulación de la aplicación de esas leyes absolutamente grosera y degradada por parte de quienes dicen asumir como objetivo básico la defensa de la ley. Entre los centenares de cargos del PP la última ayer, la ex alcaldesa de Cartagena.

Se nos indicó hace tiempo lo que se avecinaba: lo hicieron los políticos catalanes advirtiendo con claridad sobre lo que pensaban hacer. Lo hicieron otros muchos fuera de Cataluña. Ahora estamos donde estamos: en una peligrosa y excepcional coyuntura en la que se ha ido demasiado lejos. Lo que pudo valer como solución hace un tiempo es dudoso que sirva hoy. Una parte muy importante de la población catalana está soliviantada: no solo se trata de independentistas. El fenómeno es mucho más complejo y toca a mucha más gente. Se puede seguir con las amenazas, con el recurso a la ley, se puede acusar de sedición a más manifestantes, incluso a cientos de miles, se puede seguir diciendo que cumpla usted la ley y luego hablamos. ¿Y? Ya no estamos en esa fase, me temo. Los políticos harían bien en asumirlo antes de que la maquinaria se atasque por completo intentando cumplir leyes que a millones de personas cada vez importan menos.