Estabilidad presupuestada
El PNV debe entender que trasladar la crisis catalana a la tramitación de las Cuentas de 2018 no solo compromete a Rajoy; afecta también a Euskadi
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Martes, 27 de marzo 2018
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La noticia de que el Gobierno Rajoy estudia recurrir los Presupuestos vascos ante el Constitucional, debido al incremento del 1,5% previsto para los funcionarios de Euskadi, se ha venido a sumar a los dos motivos que el PNV manejaba hasta ayer en ... su negativa a acordar las Cuentas de 2018: la vigencia del 155 en Cataluña y el encarcelamiento de los principales dirigentes independentistas. Las palabras de Josu Erkoreka, mostrando la «más enérgica protesta» frente a ese posible recurso, deberían conducir a las partes a evitar un litigio que comprometa aún más la negociación y aprobación del marco presupuestario general para este ejercicio. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto para 2018. Las dificultades de alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para su votación llevaron al Ejecutivo Rajoy a posponer su elaboración definitiva, contando finalmente con el acuerdo con Ciudadanos. Siempre a la espera de que el PNV reconsidere su condición inicial en cuanto a la previa retirada del 155 de Cataluña, o se arbitre una fórmula de gobierno que acabe con la vigencia de la intervención sobre la Generalitat. Paradójicamente, un impacto económico menor del temido por la tensión independentista ha permitido al Ejecutivo situar la previsión de crecimiento en el 2,7% de PIB para este año, lo que facilita el incremento del gasto público y la introducción de rebajas en el IRPF. El horizonte electoral de 2019 favorece el giro expansivo que el Gobierno ha querido imprimir en sus Cuentas, en una expectativa de recaudación al alza de hasta 210.000 millones de euros; lo que a su vez estimulará la reactivación de la actividad y la generación de empleo. Siempre con el notable contratiempo de que la aprobación de los presupuestos de 2018 por las Cortes tendría lugar ya en puertas del verano. El equipo de Rajoy calificó el proyecto como de «crecimiento inclusivo». Su propósito es doble. Hacer frente a los riesgos de ralentización que pudieran afectar a las economías de nuestro entorno durante este y el próximo ejercicio, y atender las demandas sociales expresas o latentes más acuciantes, ante el ‘test de estrés’ que representa la celebración de comicios locales, autonómicos y europeos a la vez. Aunque todo depende de lo que haga finalmente el PNV.
Las perspectivas que maneja el Ministerio de Economía parecen razonables. Pero resulta más que dudoso que los efectos sean los mismos si el Gobierno no consigue aprobar las Cuentas de 2018 y prorroga las de 2017, complementándolas con nuevos créditos por decreto ley. Siempre con el recurso a un adelanto electoral. Porque la inestabilidad política y la provisionalidad institucional no solo afectarían de forma negativa al cumplimiento del proyecto presupuestario de Rajoy. Perjudicarían también a los planes que albergan las instituciones vascas, cuando en el plazo de catorce meses el mapa político español puede verse sometido a una recomposición menos favorable a la singularidad de nuestro autogobierno. El hecho de que el motivo principal de la negativa jeltzale a pactar con Rajoy sea la vigencia del 155 en Cataluña hace que el PNV se eche a sus espaldas un conflicto que orbita muy lejos de su control e influencia. El partido de Ortuzar y de Urkullu debería tener más en cuenta que trasladar la crisis catalana a la normalidad presupuestaria en el conjunto de España no solo compromete a Rajoy, a su gobierno y a su partido, sino que afectaría también a Euskadi, cuando el País Vasco está demostrando otra manera de afrontar las tensiones territoriales y puede actuar como factor de estabilidad.
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