Espías, confidentes, mossos y conspiranoicos

No tiene nada de extraño que miembros del CNI o de la Guardia Civil acudieran a la cárcel a mantener contacto con el que luego sería organizador de la célula terrorista responsable de los atentados. Buscar información o reclutar confidentes forma parte de las obligaciones de cualquier cuerpo de seguridad. No estarían haciendo bien su trabajo si no intentaran captar a cualquiera que pueda aportarles información sobre redes terroristas, aunque se trate de personajes turbios como el imán de Ripoll.

El perfil de Es Satty lo convertía en sujeto de interés lógico para los responsables de la lucha antiterrorista. Durante su estancia en prisión por narcotráfico entabló una relación de proximidad con Rachid Aglif, condenado en el sumario del 11-M. Una circunstancia de este tipo no pasa inadvertida en las cárceles, donde existe un eficaz sistema de control de los presos terroristas. Instituciones Penitenciarias tiene establecido un mecanismo de seguimiento de estos reclusos, sean de ETA, yihadistas o de cualquier otro grupo violento, que registra de forma minuciosa todo aquello que pueda ser de interés para la seguridad del Estado. Uno de los parámetros que se vigilan son las relaciones entre yihadistas y presos comunes que pudieran ser captados por los primeros. La relación entre un recluso del 11-M y un interno condenado por narcotráfico habría hecho saltar la alarma de los funcionarios de prisiones.

Además, antes de su captura por tráfico de drogas Es Satty había estado ya en el radar policial por su cercanía a entornos yihadistas, aunque en ese momento no se encontraron evidencias suficientes. Había residido en la localidad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) donde operaba una célula del Grupo Islamista Combatiente Marroquí. Uno de los miembros de este grupo, Belgacen Bellil, al parecer, compartió vivienda con el propio Es Satty. Bellil salió de España, se trasladó a Oriente Medio y llevó a cabo un atentado suicida en la localidad iraquí de Nasiriya contra un contingente de tropas italianas, el 12 de noviembre de 2003, provocando la muerte de 28 personas. Este conjunto de circunstancias explica que Es Satty interesara a los encargados de la lucha antiterrorista y que se desplazaran a la cárcel para hablar con él.

No sabemos el resultado de las conversaciones de los agentes de inteligencia y de la Guardia Civil con el narcotraficante marroquí, pero se puede sospechar que no dieron demasiados frutos y que Es Satty no se convirtió en confidente de ninguno de ellos. De otro modo, no se hubiera dictado una orden de expulsión de España tras cumplir condena, orden que no se ejecutó porque la anuló un juez. El CNI o la Guardia Civil hubieran tenido recursos suficientes para conseguir que no se emitiera esa orden gubernativa si hubiera sido de interés para la lucha antiterrorista que Abdelbaki es Satty continuara en España como infiltrado en entornos pro yihadistas.

El independentismo conspiranoico se esfuerza por responsabilizar al servicio de inteligencia -y de rebote al Estado- de los atentados, pero oculta que el CNI lleva años colaborando con los Mossos en la lucha contra el yihadismo, al igual que lo hace con la Ertzaintza, la Policía Nacional o la Guardia Civil. En abril de 2015, el entonces director general de los Mossos, Albert Batlle, declaró que había «muy buena colaboración» con el CNI y que el servicio de inteligencia era «un elemento esencial del sistema de seguridad». Hoy, Puigdemont y sus seguidores no quieren que se recuerde ese apoyo dado por los agentes del CNI a la Policía catalana porque rompe su esquema en el que España es la encarnación del mal.

Por otra parte, no es la primera vez que se difunden informaciones contra los cuerpos de seguridad estatales que luego se demuestran falsas. En 2014, durante la investigación de la 'operación Caronte' realizada por los Mossos sobre un grupo yihadista que funcionaba en Tarrasa y que planeaba realizar atentados en España, los policías autonómicos detectaron algún vehículo de las FSE en torno al núcleo de sospechosos que tenían bajo vigilancia y lo denunciaron en la Audiencia Nacional. Llegaron a difundir en los medios de comunicación que la Policía Nacional había alertado a los yihadistas de que estaban vigilados.

El juez investigó el caso y lo archivó porque no se había producido el chivatazo denunciado. Lo único que había era que los diferentes cuerpos policiales habían coincidido en la investigación sobre un mismo objetivo, algo frecuente, tal y como señala la sentencia dictada el pasado mes de abril. Esta concurrencia se arregló con una reunión de coordinación en la que la Policía Nacional se retiró del caso dejando libre el terreno a los Mossos que tenían más avanzada la investigación ya que contaban, incluso, con un agente encubierto.

«Se actuó de acuerdo con las normas del protocolo previsto para tales contingencias mediante una reunión de coordinación entre cuerpos policiales concurrentes», dice la sentencia, pero no faltó quien intentó cuestionar a la Policía Nacional ante la opinión pública presentando a sus agentes como colaboradores de un grupo de terroristas. Cualquiera que busque en Google se encuentra todavía con la acusación contra la Policía Nacional repetida en todos los medios informativos.

Algo parecido se está intentando hacer ahora con los atentados cometidos por otra célula yihadista en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils poniendo en el punto de mira de la denuncia al CNI y a la Guardia Civil y obviando el papel de los terroristas.