Esperando a Godot

Cabría decir, por tanto, que nos queda esperar tranquilamente -excepto los encausados que, a día de hoy, no saben si tras la sentencia irán a sus casas a dormir o volverán a sus celdas, vaya usted a saber cuánto tiempo más (días, semanas, meses o años)-, pues todo puede pasar, según los entendidos en leyes, quienes manifiestamente no se ponen de acuerdo en el tenor de la decisión del Supremo. Aunque parece que pintan bastos si atendemos a los comentarios que unos y otros emiten. Además, los responsables políticos en Madrid manifiestan que van a llevar todavía más Policía a Catalunya al temer un desbordamiento ciudadano con una sentencia no absolutoria. Y ya advierten que no les temblará el pulso para otra aplicación del 155.

Luego, de tranquilidad, nada de nada. Es que este juicio tiene muchas particularidades. Me voy a limitar aquí a una sola. A lo largo de mi vida, tras una sentencia judicial rechazada por parte de la población, he escuchado decir a profesionales del Derecho, así como a magistrados, que muchas veces solo los miembros de un tribunal -con los fiscales y defensores comprendidos, pero no siempre- tienen un conocimiento completo de la realidad de los hechos que se juzgan, que a menudo el ciudadano de a pie no conoce. Y el ciudadano de a pie rara vez sigue un proceso con el detenimiento que se hace en el tribunal, salvo los que son escabrosos, que bien que se airean. Pero, en el caso del 'procés', los hechos juzgados son públicos. Todos hemos visto el comportamiento policial las primeras horas del 1 de octubre de 2017, golpeando a gentes que acudían a votar en unos comicios por muy ilegales que fueran. Todos hemos visto lo esencial de los hechos del 20 de septiembre de aquel año en la Consellería de Economía. Todos hemos visto en qué consistió la fugaz declaración de independencia de Catalunya el 11 de octubre, suspendida segundos después por quien la proclamó. Y así todo lo que sucedió aquellos trágicos días.

Con esto quiero decir que tenemos suficientes elementos de juicio para estimar en qué debería consistir una sentencia justa del 'procés'. No les oculto la mía: una condena por desobediencia que, con el tiempo que ya llevan en prisión, debería suponer su excarcelación inmediata. No veo rebelión ni sedición. Una opinión que, para sostenerla -yo que no soy hombre de leyes-, me baso en declaraciones de muchos hombres y mujeres de leyes que así lo ven. Me basta dar aquí un solo ejemplo. Nada menos que el del expresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial Pascual Sala, quien declaró: «para mí es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición» (en la prensa del 16/10/18).

Claro que ni Pascual Sala ni ninguno de nosotros debemos tomar esa decisión que corresponde, como debe ser en un Estado de Derecho, al correspondiente tribunal. En este caso, el presidido por el juez Marchena. Tribunal que debe actuar conforme a Derecho. Añado que no tengo duda alguna ni de su competencia ni de su honestidad.

Pero, y aquí el 'pero' es descomunal, la historia nos dice que ante los mismos hechos los jueces han dictado sentencias muy, pero que muy diferentes. Un solo ejemplo que nos toca de cerca. Recuérdese cómo el Tribunal Constitucional anuló en junio de 2012, por seis votos a cinco, la sentencia del Supremo de marzo de 2010 que, por nueve votos a siete, prohibía la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.

Obviamente, tampoco pongo en duda ni la competencia ni la honestidad intelectual de los once magistrados de Constitucional, ni la de los dieciséis del Supremo, pero no puedo no constatar que aplicaron de forma diferente la misma ley a los mismos hechos. Y también sabemos que se han modificado leyes 'ad hoc' en los parlamentos, por ejemplo, para poder ilegalizar a Batasuna. Si la memoria no me falla, se arguyó también que lo hacían por necesidad, conveniencia o utilidad pública (no recuerdo el término). ¿Sería mucho pedir al Alto Tribunal que juzga el caso del 'procés' que tengan en cuenta las consecuencias de su fallo y que analicen con detenimiento qué consecuencias sociales, políticas y, sobre todo, de convivencia ciudadana tendrá la interpretación que hagan de la ley? Los ciudadanos de a pie se lo agradeceríamos. Pues todo, absolutamente todo, depende de la interpretación que hagan de la ley.