Escuchas

Cuando fracasó la intentona independentista de Oriol Junqueras y sus compañeros, los mossos intentaron quemar miles de documentos donde se transcribían seguimientos, grabaciones, vigilancia, fotografías de políticos del PP, Cs, PSC, PDCat. Órdenes del Govern para vigilar todo lo que supusiera «una amenaza» para el procés. La propia Policía autonómica catalana se dedicó a espiar a la Policía Nacional y Guardia Civil en los meses previos al referéndum ilegal. Así que nada nuevo bajo el sol. Ya en tiempos de Garaikoetxea lehendakari se descubrió que su propio Gobierno le tenía pinchado el teléfono. Y que era un consejero de Interior de su Gobierno, Luis María Retolaza, el que estaba detrás de las escuchas.

El exhonorable Jordi Pujol acaba de cumplir 90 y el juez De la Mata le ha regalado un auto donde describe con pelos y señales su organización criminal dedicada a obtener recursos a cambio de favores políticos como si fuera una empresa familiar. Y todo el mundo se ha preguntado por la razón que el 25 de julio de 2014 le llevó a declarar 'motu proprio' que desde hacía décadas había ocultado unos millones a Hacienda fuera de España. Él mismo respondió que era para «acabar con las informaciones y comentarios y quitar presión a sus hijos arrogándose toda la culpa». La respuesta es que toda la familia estaba, desde tiempo atrás, sometida a escuchas por la UCO.

Pero meses después ERC, el partido del ahora presuntamente espiado Roger Torrent, votó en contra de constituir una comisión de investigación sobre las escuchas a políticos del PP, CS y PSC. Entonces no les interesaba saber quién y por qué espiaba a sus adversarios políticos. Todo a raíz de que se descubriera que aquella famosa comida entre Alicia Sanchez Camacho del PP y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola había sido grabada con un micrófono en el florero. Porque los que no estaban en el Govern también querían espiar. Y, a falta de mossos, contrataban a detectives privados. Espiar es hacer política pero por otros medios que diría Clausewitz.