Los escrúpulos de Otegi

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional por el secuestro del ingeniero de Michelin Luis Abaitua en 1979. La condena incluía el pago de una indemnización al trabajador vitoriano de 100.000 pesetas, unos 600 euros, que el condenado nunca ha abonado. Ello pese a que antes de que prescribiera su obligación legal ya cobraba como parlamentario vasco. La Justicia española, hasta hace apenas tres años, no ha hecho un seguimiento y control del cumplimiento de las penas económicas. Ha sido el Estado quien ha anticipado las indemnizaciones ante la presunción de la insolvencia de estos. Otegi, por tanto, no ha cumplido con esa parte, testimonial, de su condena.

Semejante laxitud de la Administración de Justicia, aunque más grave, la podemos encontrar en la resolución del asesinato de Basilio Altuna, atribuido al comando al que pertenecía Otegi en 1980 y en cuyas diligencias, el juez de la Audiencia Nacional Carlos Dívar, inexplicablemente, archivó el sumario 24 horas después de haberlo incoado sin haber practicado investigación alguna. Algún criminal tuvo suerte. Nadie ha cumplido jamás condena por este crimen, que es uno de los 379 casos de asesinatos de ETA que han quedado por resolver.

Otegi fue investigado por otros tres secuestros, además del de Luis Abaitua. Por el de Javier Artiach, por el fallido de Gabriel Cisneros, quien recibió un tiro en el estómago durante la pelea con la que logró zafarse de sus secuestradores, y por el de Javier Rupérez, en el que fue señalado por dos compañeras de la operación terrorista y por un jefe de los 'polimilis', quien dijo que Otegi había intervenido en el secuestro. Sin embargo, las acusaciones de sus compañeros de ETA-pm no se consideraron suficientes por la Justicia por cuanto Javier Rupérez no reconoció a Otegi como uno de sus captores. En ninguno de los tres casos Otegi recibió condena alguna, ni siquiera en el caso de Gabriel Cisneros, que hasta su muerte en 2007 señaló a Otegi como el asaltante que le disparó a bocajarro.

No parece que la Justicia haya sido, por tanto, arbitrariamente adversa con el actual coordinador general de Euskal Herria Bildu. Pero tampoco creo que lo haya sido en este caso por el que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia por la que Otegi fue condenado en el caso Bateragune. Por el contrario, lo que se puede advertir es que la Justicia española es extraordinariamente exigente consigo misma; en este caso, por respeto a las indicaciones europeas.

Recordemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condicionado la decisión del Supremo español no ha exonerado a Otegi de responsabilidad alguna en este caso ni ha sentenciado que fuera inocente. Lo que ha dicho la Corte de Estrasburgo es que el juicio que practicó la Audiencia Nacional en 2011 no cumplió con las garantías debidas por la presencia en el mismo de la magistrada Ángela Murillo, que en un juicio anterior cometió la imprudencia de decir «ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta» cuando Otegi guardó silencio al ser cuestionado sobre si condenaba la violencia de ETA.

La magistrada había expresado ese prejuicio en un procedimiento anterior y del que fue apartada, pero el Tribunal Europeo consideró que su presencia en el que condenó a Otegi en 2011 lo contaminaba. Realmente, ni siquiera fue la sentencia de la Audiencia Nacional la que tuvo a Otegi en la cárcel hasta 2016, ya que el Supremo había revisado el caso bajando la condena de diez a seis años.

Pero esa impertinencia de la juez Ángela Murillo ha sido suficiente para que Arnaldo Otegi haya salido como víctima del sistema para decir que «la que nos llevó a la cárcel fue una operación política, sin base jurídica ninguna y urdida desde las cloacas del Estado».

Hoy, con esta resolución del Supremo, Arnaldo Otegi tiene la vía libre para ser nombrado senador por el Parlamento vasco dentro de unas pocas semanas. El sistema se lo permite. No porque él fuera inocente de ese u otros crímenes, sino porque el rigor procedimental no se ha cumplido en el grado que la justicia española se exige a sí misma.

Está bien. Son nuestras normas. Pero Otegi no es creíble. No lo es porque nunca tuvo semejante exigencia para consigo mismo, ya mostró su desprecio por la libertad de otros en los casos por los que ha sido penado y en los otros crímenes que se resiste a condenar. Otegi hacía jugar a la ruleta rusa a Luis Abaitua cuando lo tuvo secuestrado. Desde esa base, tanto escrúpulo no parece creíble.